Freno al 'rodillo' en el Poder Judicial

La polémica reforma que obligó al Consejo General del Poder Judicial a aprobar por mayoría de tres quintos a los principales cargos judiciales ha logrado su objetivo. Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de elección de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), el rodillo de la mayoría conservadora (11 de 21 vocales) se ha frenado, dando entrada a candidatos propuestos por el sector progresista (9). La exigencia legal de ese quórum tampoco ha retrasado las designaciones, en contra de lo que vaticinaron algunos. En los tres primeros años del actual mandato se nombraron 34 cargos (a razón de 11 al año). Desde 2005, cuando entró en vigor la reforma, hasta el pasado 10 de octubre, la frecuencia en las designaciones fue la misma. En esos dos años se nombró a 22 magistrados de esas categorías.

Es en el Supremo donde la nueva regla se nota más. Hasta 2005 (cuando sus magistrados se elegían por mayoría simple), los conservadores consiguieron colocar a 14 candidatos en el alto tribunal, de los que dos fueron presidentes de Sala (de lo Contencioso y de lo Social). Un magistrado de lo Civil, cuatro de lo Penal, seis de lo Contencioso y uno de lo Social tomaron también posesión gracias al impulso de esos vocales propuestos por el PP. De los 20 nombramientos del Supremo, sólo seis fueron propuestos por los progresistas (ningún presidente de Sala). Cuatro fueron de lo Contencioso, uno de lo Social y otro de lo Militar.

Con la reforma, que obligó a negociar a ambas sensibilidades, la presencia de candidatos de los progresistas se incrementó, al igual que la cualificación de sus cargos. De los 18 magistrados del Supremo elegidos desde 2005, siete correspondieron a los vocales propuestos por PSOE, IU y CiU. Gracias a su minoría de bloqueo, lograron la designación del presidente de la Sala Civil y otros dos magistrados de esa Sala, además de uno de lo Contencioso y tres de lo Social. Otros dos magistrados (de lo Contencioso y lo Militar) fueron designados por consenso, algo inédito antes de la reforma.

La regla de los tres quintos equilibró también los nombramientos de presidentes de TSJ, de ámbito autonómico. Antes de su puesta en marcha, los conservadores coparon las jefaturas de la mayoría de ellos y los más relevantes. En los tres primeros años del actual Consejo se ocuparon 14 vacantes de este tipo de las que 10 correspondieron a candidatos de los vocales del PP, entre ellos algunos de los más significativos por la población de su comunidad como Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Los progresistas sólo sacaron adelante cuatro de sus propuestas: Aragón, Cantabria, La Rioja y Castilla y León.

Gracias al cambio legal, los nombramientos de ambas sensibilidades se equilibran. Los cuatro presidentes de TSJ que se han designado con la nueva regla se dividen a partes iguales entre conservadores y progresistas, y éstos últimos ganan peso en el reparto de presidencias. Dos candidatos de los conservadores se hicieron con las jefaturas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, mientras que las de los tribunales de Andalucía y Canarias correspondieron a candidatos de los progresistas.