El alcalde de Puerto Real concedió licencia a su hermano para una casa en suelo educativo

El alcalde de Puerto Real (Cádiz, 38.000 habitantes), José Antonio Barroso, de Izquierda Unida, concedió en 2003 por decreto de alcaldía una licencia de obras a su propio hermano Francisco Javier Barroso, uno de los principales promotores inmobiliarios de esta localidad, para construirse una vivienda particular, de 594 metros cuadrados, en una antigua guardería y residencia de estudiantes situada sobre una parcela de uso educativo, según contempla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Tras varios requerimientos para que el Ayuntamiento puertorrealeño revocase este permiso, la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha recurrido esta licencia al considerarla "ilegal".

Nada más ganar las elecciones municipales y ser proclamado nuevamente alcalde, Barroso firmó el 8 de julio de 2003 un decreto que concedía a su hermano una licencia para reformar la esquina de una finca situada en la calle San Fernando número 6 con Barragán, de Puerto Real, en pleno corazón del casco antiguo, según informó ayer la Cadena SER. Se trata de un inmueble de una planta, construido en el siglo XIX, que forma parte de un colegio privado ya sin actividad. En estos dos aspectos descansa buena parte de la argumentación municipal para justificar esta actuación.

En ausencia del arquitecto municipal titular Juan Acuña, que se encontraba de permiso, según fuentes municipales, fue otro arquitecto municipal, Juan Antonio Pérez Beltrán, quien firmó el informe favorable a esta licencia. En este documento, este técnico estima que "puede entenderse justificada" la solicitud para utilizar el edificio como vivienda unifamiliar en el Plan Especial de Protección Integral del Casco Antiguo (PEPRICA) que define este edificio "originariamente como residencia unifamiliar" en el siglo XIX y "un buen ejemplo de vivienda en esquina". Añade que el edificio no está vinculado al uso docente desde hace seis años y que el catálogo de este plan municipal propone "la conservación, rehabilitación y mantenimiento" de los edificios catalogados, así como "una recuperación para residencial".

Estas explicaciones son "insostenibles" para la Junta que afirma que "nunca" se puede subordinar el PGOU a un plan municipal. De la misma opinión es el fiscal jefe Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Nuñez, quien ensalza el valor predominante del PGOU. Un informe técnico del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas recuerda que el PGOU contempla este edificio y las antiguas instalaciones educativas anexas como suelo docente. "Se incumple por tanto el Plan General, al implantar un uso residencial y por tanto lucrativo en una parcela cuyo uso previsto es dotacional docente (...) Esto supone además una reducción injustificada del suelo público destinado a dotaciones locales, sin que se haya tomado ninguna medida compensatoria", afirman los técnicos, quienes sostienen que la operación autorizada por el Ayuntamiento de Puerto Real "tan sólo tendría cabida" mediante una modificación puntual del Plan General "por la que se justificara la alteración del uso previsto y que contemplaba a su vez las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas".

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, autorizó a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz a recurrir esta licencia. El letrado de la Junta de Andalucía Ignacio Carrasco López presentó el 28 de septiembre un recurso contencioso administrativo contra este decreto. Se da la paradoja de que el Ayuntamiento de Puerto Real autorizó esta vivienda cuando en el avance del nuevo PGOU, que analiza en la actualidad la delegación de Obras Públicas en Cádiz, esta parcela sigue teniendo uso educativo. "Es una incongruencia. Ellos mismos se delatan con esta calificación porque no pueden cambiarla sin una modificación puntual del PGOU", afirma un técnico del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas.