Industria dividirá la tarifa eléctrica de los hogares en tramos para suavizar la subida

Industria planea subir la tarifa eléctrica que pagan 25 millones de hogares según su consumo. La medida se aplicará a partir de enero con un doble objetivo: fomentar el ahorro y suavizar los aumentos necesarios para enjugar el déficit tarifario (diferencia entre los costes de producción y los ingresos por tarifas que reciben las empresas), que ronda ya los 3.000 millones. El departamento que dirige Joan Clos, al que las compañías reclaman aumentos superiores al 20%, tiene que decidir si, como sucedió en 2005, sube la luz a principios y a mediados de 2007.

A falta de decidir cuánto y a qué ritmo sube la luz, el Ministerio de Industria madura ya una idea que baraja desde hace casi dos años: dividir la tarifa según consumo. Así, los hogares con menor consumo pagarían el recibo de la luz actualizado con la subida del coste de la vida. Para el resto, la subida sería más cuantiosa.

La división en tramos de consumo para los hogares, además de dulcificar los aumentos de precios, prepara el terreno para la desaparición de los precios regulados, prevista en el año 2011. En esa fecha, según los planes del Gobierno, sólo quedaría en pie una tarifa social o "de último recurso" para los hogares de menor renta.

Fuentes de Industria han confirmado que el departamento estudia la división de la tarifa doméstica en un escenario de subidas que seguiría el siguiente esquema: subida importante para los grandes consumidores industriales (dos centenares de empresas que suponen el grueso del consumo eléctrico); subida moderada para la pequeña y mediana industria e incrementos significativos para los hogares con mayor consumo.

En un asunto muy sensible desde el punto de vista político, el escenario de subidas que contempla el Gobierno se ajusta a lo adelantado por los responsables de Energía en los últimos meses: recoger en las tarifas reguladas el fuerte aumento registrado en los precios de los carburantes. Pero el porcentaje que baraja el Ejecutivo (una media de entre el 10% y el 12% en el año) queda lejos de las demandas de las eléctricas que, según los casos, llegan al 20% y al 30%.

Las compañías tienen como arma de presión el déficit tarifario. Todas ellas están contabilizando como ingresos los costes de producción que les reconoce la ley. El problema es que, como ya sucedió en el pasado, las tarifas que aprueba el Gobierno no cubren esos costes. Por esa razón, el Gobierno aprobó el pasado año la recuperación en un plazo de 14 años del déficit acumulado hasta entonces (3.830 millones de euros). El problema es que en lo que va de año se han embalsado otros 3.000 (2.559 hasta octubre) y esa cifra obliga al Ejecutivo a hacer malabarismos para pagar a las empresas sin disparar espectacularmente las tarifas que pagan los usuarios.

Sobre la próxima revisión de las tarifas eléctricas, el ministro de Economía, Pedro Solbes, consideró ayer "razonable" que los consumidores paguen el coste actual de la energía en vez de aplazarlo mediante el reconocimiento del déficit tarifario, pero descartó que la próxima subida de la luz incorpore de una vez ese incremento de costes, que es del 30%.

Incrementos progresivos

En declaraciones a la cadena de televisión Antena 3, Solbes afirmó que hay que avanzar "de forma progresiva" hacia un sistema que incorpore el coste de la producción de electricidad, ya que, con el modelo actual, "lo van a pagar los que vienen detrás".

Según explicó el ministro, la "decisión política" que se adoptó tras la liberalización de la electricidad en 1998 para no incrementar las tarifas por encima del 2% anual ha generado el denominado déficit de tarifa que el Gobierno reconoce a las empresas eléctricas un año después.

La diferenciación de tarifas según tramos forma parte de las medidas que estudia el nuevo secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, para racionalizar un sistema de funcionamiento del mercado que ha recibido críticas de todos los agentes, desde las empresas energéticas a los usuarios.