Zapatero quiere cambiar dos estatutos de autonomía para forzar un pacto del agua

Los nuevos estatutos que socialistas y populares han pactado en Aragón y Castilla-La Mancha establecen medidas de política hidrológica sobre los ríos Ebro y Tajo que las direcciones nacionales de los dos grandes partidos y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consideran inaceptables. El Ejecutivo central y el PSOE trabajan en un documento sobre el agua que pretenden consensuar en la tercera conferencia de presidentes, que se celebrará en diciembre. A la vez, estudian la manera de corregir en el Congreso las propuestas de reforma estatutaria de Aragón y Castilla-La Mancha sin un grave coste político.

El Gobierno estudia una reforma legal que permita a las comunidades tener presencia en las confederaciones hidrográficas, salvaguardando la competencia de la Administración central sobre la política hidrológica. Con esa fórmula, pretende salvar un escollo político que enfrenta a las comunidades, indistintamente del signo político del Gobierno de cada una de ellas. Socialistas y populares de Castilla-La Mancha, que han puesto fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, están enfrentados a sus compañeros de Valencia y Murcia. En Aragón ocurre lo mismo.