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Reportaje:

El PP y CiU, contra la Operación Puerto

Las dos formaciones cargan contra el Gobierno en el Senado por las consecuencias para los ciclistas de la mayor trama de dopaje

Pablo Ximénez de Sandoval

Los grupos parlamentarios de CiU y PP en el Senado coincidieron ayer en hacer responsable al Gobierno del supuesto desprestigio que la llamada Operación Puerto ha supuesto para este deporte y, concretamente, para los 50 ciclistas presuntamente implicados. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, de quien depende orgánicamente el Consejo Superior de Deportes (CSD), defendió que se trata de una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad.

La Operación Puerto descubrió, en mayo de este año, que una trama organizada desde un laboratorio clandestino de Madrid organizaba transfusiones de sangre y suministraba sustancias dopantes a más de 50 ciclistas de élite. Según el senador catalán Lluís Badía, "se han inculcado derechos fundamentales" al acusar a estos deportistas, a los que "entre todos hemos hecho culpables de entrada". "Se ha desprestigiado a deportistas de élite que eran referencia para mucha gente, se ha puesto en fuga a patrocinadores y se han conculcado derechos fundamentales", aseguró Badía.

La ministra Cabrera desligó al Gobierno de la actuación judicial, a la vez que recordó que "el Comité de Competición de la Federación Española de Ciclismo es el órgano competente de esta materia", y éste "no ha incoado expediente a ciclista alguno, por lo que todos mantienen su licencia en vigor".

Insistió entonces la senadora popular Miriam Blasco (medalla de oro en yudo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92), quien reprochó al Gobierno que el CSD no apoyara la presunción de inocencia de "50 deportistas que hoy día no tienen contrato y están en el paro". Blasco reprochó que el secretario de Estado, Jaime Lissavetzky, pidiera públicamente que se abriera expediente a los corredores implicados. "¿A quién?", se preguntó Blasco. "Por unos números y apodos se está deduciendo a quién pertenece ese dopaje". La ministra rechazó esta versión y aseguró que el CSD tan sólo "ha instado a la federación [el órgano competente para sancionar] a que resolviera, precisamente para no mantener a los deportistas en esa situación".

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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