La Audiencia reabre el 'caso Pallerols' por la supuesta financiación irregular de Unió

La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de la fiscalía y ha reabierto el caso Pallerols, al considerar que existen "no pocos indicios" de que el 10% de las subvenciones que concedió el Departamento de Trabajo para cursos de formación de parados a esas academias se acabaron desviando "para financiar de forma presuntamente irregular" a Unió Democràtica (UDC). Por esa razón, la Audiencia ordena al Juzgado de Instrucción número 9 que reabra la investigación por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude de subvenciones, falsedad y tráfico de influencias.

Las academias del empresario Fidel Pallerols recibieron, entre 1994 y 1999, del Departamento de Trabajo 1.473 millones de pesetas (8,85 millones de euros) para realizar 376 cursos de formación ocupacional y de reciclaje que cofinanciaba el Fondo Social Europeo.

Los jueces aseguran que "en esta trama", Pallerols se puso en contacto "con altos cargos del partido" para gestionar las subvenciones que habían de recibir sus academias. Entre ellos se cita a Vicenç Gavaldà, en aquella época secretario de organización de UDC. La persona que sirvió de enlace a Pallerols fue Santiago Vallbé, militante de UDC y otro de los ocho imputados que hay en la causa. Vallbé ya fue condenado en su día por la Audiencia de Barcelona por la malversación de caudales públicos procedentes del Consorcio de Turismo de Cataluña.

El auto judicial recuerda que Vallbé tenía una "íntima relación con muy altos cargos" de Unió y que existe una grabación de vídeo en la que aparece recibiendo "una importante suma de dinero" de Pallerols, en el despacho de éste.

A cambio de que se le otorgara ese dinero para cursos de formación, "se acordó el reintegro a favor del partido político UDC de hasta el 10% de las subvenciones irregularmente obtenidas", dice el magistrado Daniel de Alfonso, ponente del auto judicial dictado por la Sección Décima. Para hacer posible el desvío, añade, "fue necesaria la presunta colaboración de altos cargos" de Unió. Entre ellos se citan al delegado en Girona del Departamento de Trabajo, Enric Millo; a la subdirectora general del departamento, Dolors Llorens, y al director general de Empleo, Lluís Gavaldà. Millo fue el cabeza de lista del PP por Girona en las elecciones autonómicas del pasado día 1.

Militantes y funcionarios

La Audiencia de Barcelona relata también que para impedir la fiscalización de las subvenciones, se contactó con un informático de las academias, que era quien "solucionaba los problemas de acoplamiento o desfase" entre las subvenciones recibidas y el desvío del dinero. En otros casos, añaden los jueces, el dinero se desvió incluyendo a determinados funcionarios de Trabajo y militantes de UDC en las nóminas de los empleados de las academias de Palleros. Quienes en realidad cobraron el dinero de las subvenciones fueron "miembros y directivos del partido".

A la vista de que "existen no pocos indicios y otros muchos que ahora no se ha considerado necesario reflejar", la Audiencia concluye que Pallerols "presuntamente mantenía una deuda con UDC" porque sus empresas fueron subvencionadas.

Unió emitió ayer un comunicado en el que recuerda que no es parte en el procedimiento ni se ha imputado nunca al partido, por lo que, afirma, "no tiene conocimiento formal ni informal" sobre la decisión judicial. El partido también expresa su "confianza y respeto escrupuloso" acerca de la justicia y reclama "que no se haga un juicio paralelo y mediático en este proceso judicial".

La magistrada Silvia López Mejía archivó el caso Pallerols el 5 de diciembre de 2005 para los 12 imputados que había en el proceso, después de que el Tribunal Supremo considerase que no había indicios para inculpar a los diputados de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso Josep Sánchez Llibre y Pere Grau.

La Audiencia de Barcelona reprocha a la juez su decisión argumentando que las razones del Supremo para no imputar a aquellas dos personas no tienen por qué servir de motivación para exculpar a las otras 12, sobre todo porque la juez adoptó la decisión "sin argumentar" qué participación tuvieron en los hechos y porque, además, el Supremo no entró a evaluar nunca la actuación de esa docena de imputados. Todo eso, añade la Audiencia, sin considerar que el caso Pallerols se está investigando desde hace siete años, que se trata de una causa "compleja y vasta" y que, por tanto, no se puede despachar de esa manera.

El auto de reapertura del caso también recuerda que la decisión de archivo que dictó la juez contiene determinadas "deficiencias o, si se prefiere, ausencias". Entre ellas se dice que se investigaron el 98% de los cursos. La Audiencia entiende que eso no basta y que "nada impediría que pudieran haberse cometido los delitos" en el 2% restante que no se realizó. El tribunal entiende que unos y otros sirvieron para desviar del dinero, aunque precisa que no se cometieron los delitos de prevaricación ni de cohecho porque los funcionarios no dictaron resoluciones arbitrarias.