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La seguridad ciudadana

La Moraleja usará cámaras de tráfico para vigilar las calles

La Comisión de Videovigilancia afirma que Alcobendas tenía que haberle pedido permiso

Quienes entren a partir de febrero en las urbanizaciones de El Soto y La Moraleja (Alcobendas) serán grabados por las 16 cámaras que instalará el Ayuntamiento. El objetivo oficial es "vigilar el tráfico" en una zona en la que sólo viven 21.000 personas repartidas en 1.000 hectáreas. Esas cámaras, que grabarán las matrículas de todos los coches, se usarán también, según el Ayuntamiento, para prevenir la delincuencia. Pero para eso se necesita un permiso de la Comisión de Videovigilancia, organismo al que Alcobendas no ha acudido.

La lectura de matrículas permitirá comprobar si los coches son robados o van sin seguro

Las urbanizaciones La Moraleja y El Soto de La Moraleja (Alcobendas) son ya auténticas fortalezas en las que sus 21.000 vecinos tienen contratados sus propios servicios de vigilancia, con alarmas y perros incluidos. En muchos chalés y comercios, los residentes han instalado cámaras y, además, 20 policías municipales patrullan la zona.

Pero el Ayuntamiento de Alcobendas (PSOE) ha decidido que a partir de febrero empezarán a funcionar en las dos lujosas urbanizaciones otras 16 cámaras y 47 lectores de matrículas. Quedarán registrados todos los vehículos -4.000 diarios en La Moraleja- que entren o salgan de la zona. "Se comprobará con una base de datos que las matrículas leídas pertenecen, o no, a coches que no tienen seguro o que han sido robados", explica el concejal de Seguridad, Luis Cortijo.

La diferencia está en que para instalar cámaras dedicadas sólo al tráfico los ayuntamientos no tienen que pedir permiso. En cambio, para las cámaras para prevenir delitos hay que solicitar su instalación a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad de Madrid. Ésta, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es la que da el visto bueno final, pero el Ayuntamiento de Alcobendas no ha acudido a este organismo.

"Si las cámaras, aunque sean para vigilar el tráfico, van a servir también para prevenir delitos, el Ayuntamiento de Alcobendas tiene que pedirnos permiso", advirtieron fuentes de la Comisión de la Videovigilancia.

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La comisión, como ha hecho en los únicos dos sitios públicos de Madrid vigilados actualmente con cámaras -el Museo de Esculturas al Aire Libre de Eduardo Dato y la Plaza Mayor- tiene que comprobar, entre otras cosas, que las cámaras no enfoquen a las viviendas. Desde el Consistorio de Alcobendas señalan que los aparatos "están colocados muy lejos de las casas, en glorietas, salidas o entradas de la urbanización".

La comisión de videovigilancia podría intervenir en el caso de que alguien presentase una denuncia por la instalación de las cámaras.

Las imágenes se enviarán al centro de control de pantallas municipal. Las tomas quedarán grabadas durante 15 días. Los aparatos tienen un giro de 360 grados y un zum que amplía objetos hasta a 300 metros de distancia. Estarán instalados a una altura de 15 metros. "Las cámaras cumplen dos objetivos. Por un lado, vigilar el exceso de velocidad que se produce en las urbanizaciones de El Soto y en La Moraleja, con menores conduciendo con el consentimiento de sus padres. Y, por otro, servirán para aumentar la seguridad en las calles. Con las cámaras podremos detectar si hay atracos, altercados...", explica el alcalde de Alcobendas, el socialista José Caballero.

Desde la entidad de conservación de La Moraleja -organismo que administra la urbanización-, su presidente, Julio Yudego, apoya también la medida. "Cualquier ladrón que viene a La Moraleja lo hace en coche, y ahora las matrículas van a quedar grabadas", dice.

La Moraleja tiene una entrada presidida por una glorieta en la que ya se ven algunas cámaras de los comerciantes. Un poco más adelante hay otro control: la caseta de vigilancia privada.

La presencia de famosos y millonarios ha convertido la zona en un fortín y en un lugar codiciado por los cacos. Los vecinos llevan años exigiendo al Consistorio que aumente la vigilancia en la zona. Desde el Ayuntamiento replican que el índice de delitos está por debajo de otros municipios. En todo Alcobendas se producen de media 63 delitos por cada 1.000 habitantes; en Madrid capital, 69,1.

En el casco urbano de Alcobendas ya existen 17 cámaras municipales de vigilancia y en la urbanización de Fuente Lucha, a las afueras, hay otras dos. Como en el caso de El Soto y La Moraleja, estas cámaras se colocaron, en teoría, para vigilar sólo el tráfico. "Los aparatos controlan la ciudad en general y sirven para ver dónde se producen las congestiones de tráfico", insiste el edil de Seguridad. Sin embargo, hace unos días las cámaras captaron por la noche a un hombre pegando a su novia.

En el caso de las urbanizaciones de El Soto y La Moraleja, Luis Cortijo señala que los problemas de tráfico pasan porque "el nivel de incumplimiento de las señales de velocidad es muy alto". "El 90% de los vehículos se salta los límites que no deben superar los 30 o 50 kilómetros por hora", afirma el concejal.

A algunos vecinos de La Moraleja la idea de estar continuamente vigilados no les hace mucha gracia. "La urbanización se está quedando aislada. Se refuerza la seguridad, pero en detrimento de la libertad", se quejó Lara Otero, una vecina. Desde el Consistorio insisten en que las cámaras "no atentan contra la intimidad de la gente". "Tenemos cámaras de tráfico por Alcobendas desde hace años y nunca ha venido nadie a quejarse", concluyó el regidor José Caballero.

En los últimos años, varias urbanizaciones de la región han intentado colocar cámaras de videovigilancia, sin conseguirlo. Por ejemplo, en el año 2003 la urbanización de lujo La Florida, situada entre la carretera de A Coruña y la de El Pardo, decidió blindar sus entradas con barreras y cámaras de videovigilancia, debido, según la comunidad de propietarios, a la inseguridad que soportaba la zona.

El Ayuntamiento de Madrid advirtió a los residentes y comerciantes de La Florida de que lo que estaban haciendo no era legal y les obligó en un plazo de 10 días a quitar las cámaras y las barreras.

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