Trabajo revisa 23,5 millones otorgados en la época de CiU para formación ocupacional

El Departamento de Trabajo de la Generalitat está revisando la concesión de 23,5 millones de euros otorgados por el Gobierno de CiU a los centros de formación ocupacional entre los años 2000 y 2003 para realizar cursos destinados a parados o de reciclaje laboral. Los expedientes afectan a unos 1.200 cursos que se impartieron en aquella época con dinero público que todavía no se ha justificado de manera clara cómo se gastó. Trabajo reconoce que tal vez no se esclarezca nunca en qué se empleó parte de ese dinero, lo que obligaría a reclamarlo a sus beneficiarios.

Cuando Trabajo concede una subvención para el fomento del empleo a un centro, entrega el 75% y al acabar el curso se le abona el 25% restante. Es entonces cuando debe justificarse cómo se gastó el dinero público recibido. La normativa estatal que regula esas subvenciones es de 1994 y debería haber sido desarrollada por la Generalitat con un marco legal propio, pero nada de esto sucedió durante los gobiernos de CiU, en los que cada convocatoria se regía por unas normas genéricas.

El precedente del caso Pallerols, relativo al supuesto desvío de fondos de formación para parados, y el cambio político en Cataluña provocaron una modificación de la normativa que rige, de manera que ahora se desglosa de forma clara en dos bloques el importe recibido. El módulo A se destina a pagar al profesorado y los gastos de la Seguridad Social, y el B al resto de los gastos: desde el material necesario a la reparación y mantenimiento de los equipos de los locales, entre otros.

Entre los años 2000 y 2003, el Departamento de Trabajo concedió 275 millones de euros para formación ocupacional. De esa cantidad, ya ha concluido la tramitación administrativa de 158.672.454 euros, correspondientes a 7.137 cursos. Esos expedientes ya han sido remitidos para su convalidación al Servicio Público de Empleo Estatal, el organismo que sustituyó al antiguo Inem, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De aquella cantidad, el Estado ha rechazado 23.558.289 euros por falta de justificación y concreción de la subvención. Ésa es la cantidad que está bajo sospecha y la que están intentando esclarecer los actuales gestores del Departamento de Trabajo.

Tres partidas

De ese dinero, 11.5877.955 euros corresponden al módulo A y 11.242.570 euros al módulo B. Existe una tercera partida denominada "gastos de difícil justificación" que asciende a 727.763 euros y que no está claro si ha de encajar en un lugar u otro.

El motivo que ha llevado al Estado a rechazar esos 1.200 expedientes es que las partidas gastadas no se corresponden con los porcentajes de los módulos A y B o existen desviaciones entre el número de alumnos y las horas programadas y las que realmente se impartieron. Ahora el Departamento de Trabajo está exigiendo hasta fotocopias compulsadas de las facturas para comprobar el destino del dinero, aunque reconocen que una parte todavía por determinar de esos 23,5 millones de euros podría quedar sin justificar. Eso obligaría a revocar las subvenciones y exigir su devolución a los centros beneficiarios.

En la época de CiU el desglose entre los módulos A y B no aparecía claramente diferenciado, de manera que a la hora de justificar la subvención se producía una confusión de cifras que en muchas ocasiones iba en detrimento del salario que debían cobrar los profesores . Diversos técnicos de seguimiento de Trabajo, que son los funcionarios encargados de velar por el buen uso del dinero, advirtieron de esas irregularidades a sus superiores, pero éstos miraron para otro lado y solicitaron que dejaran de enviar estos informes. Muy probablemente siguiendo instrucciones políticas.

Así lo manifiesta, por ejemplo, la jefa de servicios de programación de recursos y evaluación en un correo electrónico al que ha tenido acceso este diario y que fue enviado a sus subordinados. En él se dice textualmente: "Atendiendo a que en la segunda fase de la resolución de la concesión no se ha comprobado la adecuación del presupuesto a los módulos A y B, os informamos de que la revisión de la justificación se hará a partir del presupuesto otorgado. Por este motivo, te pido que no se envíen más informes con esta incidencia que afecta a los cursos del ejercicio 2003".

El mensaje fue remitido cumpliendo órdenes de una subdirectora general del departamento, quien había ordenado que no se paralizara la tramitación de la concesión de las subvenciones a los centros aunque no estuviera claro el destino del dinero. Ninguna de esas dos persoans continúa en el cargo que desempeñaba entonces.

El correo electrónico data del 21 de junio de 2004, cuando apenas hacía seis meses que el tripartito ya había llegado al poder. Los actuales gestores admiten sin reparos que les ha costado casi dos años evaluar el importe de los desajustes contables que heredaron y enderezar la situación. Ahora aseguran que hay una normativa clara que dificulta mucho el desvío del dinero para otro fin que no sea la formación y que aumentan los requisitos y filtros a los que han de someterse los centros beneficiarios.