Un mando policial ordenaba a sus agentes falsear las actas para cerrar locales

El oficial responsable de la Unidad de Policía Municipal en Centro, Lorenzo Antolínez Remesal, ordenaba a sus agentes aumentar el número de personas que había en un local de copas. Era la fórmula que eligió este mando para clausurar con la mayor rapidez posible los establecimientos más conflictivos, según consta en dos grabaciones difundidas ayer por la cadena SER. Antolínez ordenaba a sus subordinados que no denunciaran la tenencia de drogas porque la tramitación de estas actas se demora hasta ocho meses. PSOE e IU han pedido una investigación inmediata, mientras el sindicato mayoritario del cuerpo, la Unión de Policía Municipal (UPM), calificó el hecho de muy grave.

Las órdenes concretas se produjeron durante un pase de revista, el acto previo a que los agentes comiencen a patrullar. Allí se les dan las instrucciones precisas sobre el servicio del día. En una de las grabaciones, Antolínez decía a sus agentes que debían incrementar el número de personas que había en un local con el fin de cerrarlo a la mayor celeridad: "No sé cuántos estamos aquí. He contado nueve, pero estamos 38. No sé cuantos estamos. Y pongo en el acta que contados uno a uno hay 38. Según lo cabreado que esté el dueño del local, a lo mejor pongo 70. ¿De acuerdo? Si estáis muy cabreados, me refiero, no porque tengáis un tema de animadversión personal, sino porque ese tío sea un pieza de cuidado, os digo. ¿Es posible que ponga 70? Pues a lo mejor pongo 70 porque es un cabrito redomado", decía Antolínez.

Otro consejo que difundió en ese pase de revista es que no perdieran el tiempo en incautación de drogas, ya que las actas para cerrar los locales suelen tardar hasta ocho meses: "Casi prefiero no meternos en cuestiones de drogas, salvo que sea absolutamente claro. Sabemos que cuando hacemos un tema de drogas, esa acta que se hace con todos sus detalles queda ahí guardada hasta que lleguen los resultados de la analítica. Y están tardando siete u ocho meses fácilmente. Con lo cual, en el tema de drogas que habrá que esperar siete u ocho meses", concluye el oficial.

Investigación exhaustiva

El PSOE e IU pidieron ayer la apertura de una investigación exhaustiva para aclarar todo lo sucedido. En opinión del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Iglesias, el caso es un nuevo ejemplo "del clientelismo de la cadena de mando en la Policía Municipal de Madrid". "El concejal de Seguridad [Pedro Calvo Poch] debe dar explicaciones de lo ocurrido. Ni los madrileños ni los 6.500 agentes que forman la plantilla del cuerpo se merecen hechos como éstos", añadió Iglesias, que también pidió la destitución inmediata del oficial responsable de Centro.

El concejal de IU Julio Misiego destacó "el comportamiento desacertado" de Antolínez, sobre todo, cuando se trata de un distrito tan sensible como Centro. "Las dos barbaridades que ha dicho son muy fuertes. Eso debe ser investigado de inmediato, porque no se puede actuar de la manera y con el lenguaje que ha empleado", añadió Misiego.

Demetrio Pérez, el secretario general de la UPM en Madrid, el sindicato mayoritario en el cuerpo, calificó los hechos como "muy graves". En su opinión, es la consecuencia de que los mandos policiales tengan un complemento de productividad en función de la actividad de los agentes que tienen asignados. "Siempre hemos tenido problemas con este mando. Hemos ganado alguna sentencia por vejaciones a un delegado sindical nuestro", recordó Pérez.

El coordinador general del Área de Seguridad, Jesús Mora, reconoció que las expresiones utilizadas por Antolínez no son las más adecuadas: "Me ha llamado por teléfono y me ha dicho que lo lamenta absolutamente. Me ha dicho que lo utilizo en el pase de revista, en el que, como pensaba que estaba hablando con compañeros, utilizó expresiones de las que ahora se arrepiente". El Ayuntamiento aseguró, además, que Antolínez declinaba dar su versión de los hechos a este periódico.

Mora explicó que la Policía Municipal va a abrir una investigación interna y reservada para ver si existen más grabaciones y en qué contexto fueron hechas las declaraciones. Según el coordinador de Seguridad, la grabación resulta ilícita y en contra del Código Penal. "Algunos sindicatos han perdido el norte, ya que ven muy cercana las elecciones sindicales", añadió Mora, quien explicó que Antolínez sigue en su puesto.

Algunas fuentes de la Policía Municipal creen que en este caso ha habido ganas de atacar a Antolínez, ya que fue quien separó a dos cabos de Centro que firmaban horas extra que no hacían los agentes que tenían a su cargo.