Aguirre permitirá fumar en fiestas privadas y cafeterías de empresa

Pese a contar con un informe desfavorable del Consejo de Estado, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó ayer un reglamento que desarrolla la Ley Antitabaco de manera permisiva. El decreto autoriza zonas de fumadores en los bares de los centros de trabajo que tengan más de 100 metros de superficie, y también dejará en manos de quienes alquilen un local para celebraciones privadas la decisión de si se fuma en él. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, afirmó ayer que recurrirá el decreto porque "no se ajusta ni al espíritu ni a la letra de la ley".

El Ejecutivo de Aguirre emprendió ayer una nueva batalla contra el Gobierno central, si bien ya la habían iniciado otras dos comunidades, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, también del PP, al aprobar decretos de desarrollo de la Ley Antitabaco muy permisivos.

Aunque los textos no son idénticos, los tres decretos tienen un punto en común: en la práctica aumentan las zonas donde está autorizado fumar.

El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, justificó el reglamento en que no se puede imponer a los fumadores que dejen su hábito, sino que hay que "convencer". Por eso, dijo, la Comunidad ha optado por "conciliar los derechos del no fumador y del fumador". Es decir, aplicar el liberalismo hasta en la salud pública.

Antes de que la ministra anunciara que recurrirá el decreto, Lamela afirmó que, si hay recurso, la Comunidad planteará una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. También se desmarcó al anunciar que Madrid es la primera Administración que va a ayudar a los fumadores con programas de deshabituación y con financiación específica para ellos. Cuando el PP votó a favor de la Ley Antitabaco en el Congreso, la falta de programas era una de sus quejas.

Lamela precisó luego que la intención del Gobierno regional es alcanzar acuerdos para cofinanciar fármacos que ayudan a dejar el tabaco, aunque aclaró que la consejería aún no ha previsto el porcentaje. La partida destinada en los presupuestos de 2007 es de 100.000 euros.

Éstas son algunas de las novedades que introduce el reglamento madrileño:

- Definición de los 100 metros. El decreto sólo incluye los espacios de acceso a los "clientes o visitantes" a la hora de computar si un establecimiento tiene una superficie mayor o menor de 100 metros. Diferencia que es fundamental, pues cuando sobrepasan ese espacio sus dueños podrán habilitar zonas separadas para fumadores y no fumadores. En caso contrario, elegirán si se fuma o no, sin poder alternar ambas opciones.

- Cafeterías de los centros de trabajo. Siempre que los bares de los centros de trabajo tengan más de 100 metros, podrán habilitarse zonas de fumadores. Si tienen menos, estará prohibido.

- Fiestas en centros de trabajo. Durante la "celebración de actos conmemorativos, de representación, institucionales o análogos" podrá fumarse en las dependencias "no productivas" de edificios donde haya centros de trabajo. Si el espacio es mayor de 100 metros, deberá haber separación.

- Espacios reservados. Los establecimientos de hostelería podrán tener lugares donde esté permitido fumar, siempre que estén aislados, sean de acceso restringido y estén señalizados. El artículo 5 del reglamento cumple una promesa recurrente de Aguirre: "Los novios decidirán si se fuma en su boda".

Desde diversos sectores llegaron ayer críticas al decreto aprobado por Aguirre. El presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, Rodrigo Córdoba,

comentó que el reglamento contradice la ley estatal, "en contra de los intereses de los madrileños". Y agregó: "Eso rema a favor de los intereses de la industria tabacalera".

También se quejó de que en el Congreso hubiera un amplio consenso, que ahora se ha roto. "Esto es utilizar un tema de salud pública para la confrontación", sentenció.

En la misma línea, el portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea, Lucas Fernández, calificó de "absolutamente irresponsable que la Consejería de Sanidad apruebe un decreto que va en contra de la ley nacional, de las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Estado y de la propia salud de los madrileños". Y agregó: "El Gobierno regional, una vez más, ha demostrado que prefiere pelear antes que negociar".