La Inspección pide el archivo de la queja de los peritos contra Garzón

La Inspección del Poder Judicial ha propuesto el archivo de las quejas presentadas por el vocal conservador José Luis Requero y los peritos del caso del ácido bórico contra Baltasar Garzón por supuesto maltrato al tomarles declaración por la supuesta falsificación de un informe que relacionaba a ETA con el 11-M. La Inspección se basa en testimonios de la secretaria judicial y el fiscal para negar las supuestas vejaciones.

La Inspección tramita conjuntamente la queja de Requero -basada en una información del diario El Mundo- y la de los dos peritos, y propone el archivo de la información previa abierta. El informe se niega a analizar las quejas sobre la incompetencia del juez para instruir la supuesta falsedad documental por la que los imputó (después se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid cuya titular es Gemma Gallego).

Para ello, invoca el artículo 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que "la aplicación de las leyes hecha por los jueces y tribunales (...) no podrá ser objeto de aprobación, censura o corrección, con ocasión o a consecuencia de actos de inspección", e invita a los peritos a hacer uso de los recursos previstos por la ley.

Para investigar los supuestos malos tratos, la Inspección solicitó un expediente redactado por la secretaria judicial (que da fe de lo que sucede en el juzgado) en el que recogía los actos previstos por Garzón para ese día. "La espera

en la sede del juzgado no fue caprichosa o con ánimo ofensivo, sino que se produjo dentro de lo que puede ser la práctica diaria dentro de un juzgado donde son numerosas las diligencias a realizar, y dentro de unos procedimientos con una elevada complejidad", deduce de ese documento la Inspección.

El escrito también rechaza el supuesto desprecio del juez hacia los policías basándose en un informe de los fiscales que asistieron al acto. "Las declaraciones (...) se realizaron de forma adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal y sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención", manifestaron los fiscales en su escrito.

Tampoco encuentra pruebas de que el resultado del registro practicado en el puesto de trabajo del perito Manuel Escribano fuera filtrado. El propio Garzón asegura que "ninguna copia de las declaraciones diferente de las expedidas al Ministerio Fiscal (...) ha sido extraída del ordenador", así como que "ningún funcionario ha dispuesto de copias de esas declaraciones, ni mucho menos han sido entregadas a medio de comunicación alguno".

Con el argumento de no poder entrar en los hechos enjuiciados, la Inspección rechaza otra queja de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Respecto a otra denuncia de los peritos de que el juez, habiéndose inhibido, seguía investigando el caso, concluye que esa acusación se hace sin pruebas y con "merma del derecho de defensa" del juez.