El fiscal especial de urbanismo quiere derribar las casas ilegales
Antonio Vercher se queja de que las autoridades no aplican el Código Penal
El recién nombrado fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, se propone impulsar una aplicación más estricta del Código Penal para frenar la especulación urbanística. En España hay más de 100.000 viviendas ilegales, construidas con un permiso municipal que no se ajusta a la ley o directamente sin licencia. Vercher duda de la inocencia de los compradores de esas casas y les recomienda que reclamen una indemnización si fueron engañados. Pero es contundente: "Hay que demoler las viviendas ilegales".
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, cartera recién creada por el Gobierno para atajar la proliferación de escándalos urbanísticos, apuesta por esas demoliciones a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal, y recomienda a los compradores que comprueben en el registro que todo está en orden antes de adquirir una vivienda.
Los datos son alarmantes. Sólo en Málaga hay más de 30.000 casas ilegales, y la situación se repite, en mayor o menor grado, en toda Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante, Canarias y Cantabria. Con el tiempo, estas viviendas solían ser amnistiadas y rara vez los jueces forzaban la demolición. Vercher anuncia una nueva filosofía: derribar lo construido fuera de la ley. Para su actuación, tendrá a su cargo guardias civiles y policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas.
El fiscal advierte de que el Código castiga la prevaricación urbanística que cometan autoridades o funcionarios.
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