"Quiero que se haga justicia"

La noche del 24 de abril de 1997 entre 60 y 80 elementos de la policía judicial vestidos de negro irrumpieron violentamente en la casa de Celerino Jiménez Almaraz, en la comunidad de Santa María Jaltengo, al sur de Oaxaca. Era presidente del Consejo Municipal de San Agustín Loxicha, elegido por la asamblea comunitaria, según los usos y costumbres de los indios zapotecos. Tenía 26 años. Sin identificarse y con el rostro cubierto, los agresores levantaron violentamente de sus camas a toda la familia. Gritaban "entreguen las armas", proferían insultos y se ensañaron con Celerino, a quien golpearon, arrastraron y dispararon en una pierna. Los individuos que se llevaron a rastras al herido lucían en la espalda las siglas PJE (Policía Judicial del Estado).

Un agente policial ha sido condenado a 36 años por el crimen, pero hay más implicados

Dos días después, la radio dijo que Celerino murió en un enfrentamiento entre miembros de la organización guerrillera Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército. Ésa fue la versión oficial de la fiscalía. María Estela García fue a Pochutla a reconocer el cadáver de su esposo. Tenía 27 años y llevaban 16 meses casados. "El cuerpo estaba destrozado, con varios balazos", recuerda la viuda, que no sabía lo que significaba la palabra tortura hasta que el forense del Estado de México declaró que Celerino murió a consecuencia de las torturas. María Estela inició una cruzada para averiguar por qué mataron a su marido. Recorrió México y varios países para denunciar el caso, que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hoy está convencida de que la muerte de Celerino tuvo que ver con los conflictos por la propiedad de la tierra de aquella zona, en los que están implicados miembros de las corporaciones policiales.

Las autoridades esgrimen el hecho de que, en el ataque del EPR a la base militar de Huatulco del año anterior, murió un compañero de Celerino, el regidor de Hacienda de San Agustín Loxicha. "Fue inmediato: se produjo el ataque en Huatulco y acusaron a la gente de Loxicha de ser del EPR", dice María Estela García. El Consejo Municipal en pleno fue capturado. "Día tras día, la gente venía a casa para decirnos 'ya detuvieron a fulano', o contarnos casos de mujeres violadas. Sólo quedaba Celerino en libertad". Hasta el 24 de abril.

El 9 de mayo, la viuda se marchó del pueblo y en la ciudad de Oaxaca convocó una conferencia de prensa para denunciar el caso. Durante cuatro años difundió su protesta en un campamento instalado frente al Palacio del Gobierno estatal, con un grupo de mujeres cuyos maridos estaban en la cárcel o desaparecidos.

El 27 de septiembre de 2001, el juez ordenó la detención de Lucio Esteban Vázquez Ramírez, agente de la Policía Judicial, como responsable del homicidio de Celerino. Tres años después fue condenado a 40 años de prisión por el delito de homicidio calificado, que fueron rebajados a 36 años. "Ha apelado de nuevo. Es un hombre poderoso que cuenta con la protección de las autoridades", dice María Estela, que en todos estos años ha recibido diversas amenazas. La última fue el 30 de enero pasado, con el incendio provocado de un vehículo frente a su casa en la ciudad de Oaxaca. "Sólo quiero que se haga justicia", reclama María Estela. "Tenemos pruebas de que hay más implicados. La procuraduría reconoció que 16 de sus hombres participaron en la detención de Celerino, pero asegura que sólo Vázquez mató a mi marido". El caso está en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.