Un juzgado de violencia imputa por malos tratos a un juez de Sevilla

Rafael Ceres, el juez de Primera Instancia número 14 de Sevilla, ha declarado como imputado en el Juzgado de Violencia número 1 de Sevilla, tras ser acusado de cometer malos tratos psíquicos y físicos por una funcionaria judicial con la que ha mantenido una relación. José Luis Parody, el abogado del juez, ha negado los hechos. La titular del juzgado de violencia ha prohibido a Ceres que se comunique con la mujer. Ambos trabajan en el mismo edificio.

El juez acusado, Rafael Ceres, se ha limitado a manifestar que el asunto está "sub iúdice" y que no tenía "nada que decir". El Juzgado de Violencia número 1 de Sevilla le ha prohibido comunicarse con la denunciante, que está de baja, aunque ha rechazado dictar una orden de alejamiento porque los episodios de violencia física denunciados han sido "esporádicos y no graves".

Ceres sigue en su puesto de trabajo. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene conocimiento del asunto pero, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la suspensión cautelar sólo cabe cuando existe auto de procesamiento o de apertura de juicio oral; o bien cuando los hechos que se le imputan a un magistrado tienen relación directa con su función judicial.

Carmen afirma que decidió romper con el juez en septiembre cuando se convenció de que él mantenía una relación desde hacía años con otra mujer, que él negaba constantemente. "Me propuso entregarme 500 euros al mes para que aguantara hasta que él la dejara. Y me pareció infame", contó. Sin embargo, el magistrado manifiesta en su declaración que fue él quien rompió porque la mujer "le pedía dinero" y que, tras esa ruptura, Carmen le amenazó con hundirlo profesionalmente.

La denunciante ha presentado en el juzgado unas grabaciones telefónicas y mensajes de texto enviados al móvil en los que él la insulta y la veja con expresiones muy soeces. Carmen afirma en la denuncia que tras cada episodio de violencia física o psíquica "él me decía que me amaba y me quería... y yo totalmente subyugada a él estaba convencida de que me quería". La mujer ha llegado a recibir 50 llamadas diarias a su teléfono desde que abandonó la relación. En el atestado policial figuran otros episodios degradantes y agresiones físicas como bofetadas y puñetazos. Antes de denunciar, la funcionaria se asesoró en el Instituto Andaluz de la Mujer.