La fiscalía investiga un posible "mobbing" a un vecino de una finca de la calle de Robadors

Manel González ha visto en el registro cuatro transacciones en dos años de la finca del número 29 de la calle de Robadors, de Barcelona, de la que es vecino. Lleva más de tres años pleiteando para defender su derecho a comprar el piso en el que vive y más de 40.000 euros invertidos. Su caso -profusamente documentado- llegó primero al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, y ahora a la fiscalía del Tribunal Superior. Él, como afectado, y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) denunciaron ayer la "pasividad" de la oficina municipal anti-mobbing.

En la primera compra de la finca del número 29 de la calle de Robadors, entre los años 2001 y 2003, en el registro se anotó que el edificio estaba libre de arrendatarios. No era cierto, había 23. Manel era uno de ellos. Lleva tres años intentando que los jueces le den la razón -de hecho se la dieron en primera instancia, pero luego tuvo una sentencia contraria- y pueda ser el propietario del piso en el que vive desde 1985 con contrato de alquiler. Cortes de luz y de agua, la portería reventada... Esas y otras maniobras ha aguantado y denunciado reiteradamente, y hoy declarará en la fiscalía, que ha abierto diligencias de investigación. "No son exactamente por acoso, sino por usurpación y delito económico", aclaró. Precisamente ése es uno de los problemas de la llamada violencia inmobiliaria: "Debería tener la misma consideración que otro tipo de coacciones, como lo es la laboral, y entedemos que debería tener un castigo penal como el que se propone para ésta, con penas de seis meses a dos años de prisión", apuntaba ayer Jaume Asens, de la comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. "Lo que no puede ser es que un corte de luz o de agua acabe con una multa de 300 euros porque eso da risa", puntualizó. O lo que es peor: que muchos jueces ordenen los desahucios de inquilinos por un supuesto impago de alquiler cuando les ha sido materialmente imposible abonar las mensualidades, porque ésa es otra de las estrategias habituales del mobbing.

Mientras la justicia se muestra más sensible con el acoso inmobiliario, vecinos y afectados piden a las administraciones que se impliquen más en la persecución del acoso. "Creemos que el departamento de Medio Ambiente y Vivienda [actualmente es el responsable] tiene que asumir la defensa de los afectados y que la oficina del Ayuntamiento debe acompañar a las víctimas mayores que no saben afrontar esas situaciones", afirmó ayer Eva Fernández, presidenta de la FAVB. Esa entidad se quejó, además, de que la oficina anti-mobbing municipal, lejos de ayudar, "disuade a los que van a denunciar. Y apoyó esa afirmación con un vídeo - con cámara oculta- grabado en la oficina y que concluye con un comentario de la persona que atiende que no anima a reivindicar sus derechos, sino a todo lo contrario. "Me gustaría ver la grabación completa para poder opinar, porque parece tomada a secuencias y de esa forma no puedo valorar", contestó a este diario Albert González, director de Comercio y Consumo del Ayuntamiento, de quien depende la oficina anti-mobbing. Este servicio empezó a funcionar en octubre de 2003, precisamente después de la denuncia pública de varios casos de Ciutat Vella donde las víctimas son personas mayores con pocos recursos.

En 2005, esa oficina recibió 136 casos, de los que 76 se consideraron de posible acoso inmobiliario. En lo que va de año se han registrado 130 y de ellos se ha detectado un posible mobbing en 78. "Lo que se hace es informar, y si se trata de una persona mayor y sin recursos, se la orienta para que acuda al servicio jurídico gratuito del Colegio de Abogados. La oficina no puede hacer nada más", se defiende González ante las quejas de la FAVB de la falta de intervención municipal. Añade que si se viera materia delictiva, se derivaría el caso a la fiscalía, lo que no ha ocurrido desde su entrada en funcionamiento, lo que llama la atención, sobre todo después de que la Generalitat haya hecho una estimación de unos 10.000 casos en Cataluña, de los que cabe suponer que gran parte ocurre en Barcelona.