El sexto mandamiento

El PSOE ha difundido un decálogo contra la corrupción urbanística que inspirará tanto la reforma de la Ley del Suelo -cuyo proyecto ha sido ya enviado al Congreso- como su programa para las próximas elecciones municipales. Los custodios de las Tablas de Moisés utilizadas de modelo numérico por esta iniciativa socialista saben que los mandamientos suelen ser incumplidos por sus destinatarios; también esta vez especialmente el sexto: "Establecer límites al crecimiento urbano". Por lo demás, el daño ya causado al ordenamiento del territorio y al desarrollo armónico de las ciudades es irreparable; mientras los enriquecimientos ilícitos producidos a la sombra de la corrupción quedan impunes, sus beneficiarios estudian los resquicios para el fraude de las nuevas leyes y reglamentaciones.

El periodo de crecimiento económico sostenido de la última década, la ampliación de los demandantes de vivienda (los inmigrantes, los jubilados de la Unión Europea, los compradores de segundas residencias y los inversores en bienes seguros), la abismal diferencia de precio entre los suelos rústico y urbanizable, la discrecionalidad de las decisiones administrativas y la penuria financiera de los ayuntamientos constituyen el trasfondo de las corruptas colusiones entre empresarios y cargos públicos mediante recalificaciones urbanísticas y otorgamiento de licencias. Marbella no es un caso aislado sino el teratológico extremo al que puede llegar la corrupción; al igual que Seseña en Castilla-La Mancha y los proyectos de las Navas del Marqués y Villanueva de Gómez en Castilla y León son los enloquecidos resultados de una política incontrolada.

La jurisprudencia del Constitucional ha confiado a los municipios y a las comunidades la responsabilidad básica en estas materias; la intervención de la Administración central en asuntos urbanísticos exige la búsqueda de títulos competenciales de difícil justificación. Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción en algunos sonados casos le dan derecho a recibir los recursos humanos y materiales que ha solicitado al Gobierno para proseguir su labor en otros diez escándalos; los resultados de esos esfuerzos dependerán de la respuesta de los jueces a los requerimientos del ministerio público. Sin duda, se debe exigir a los partidos que controlen las desviaciones de poder y las conductas delictivas de los cargos elegidos en sus listas. Sin embargo, los candidatos independientes, el sospechoso transfuguismo y las mociones de censura promovidas por extrañas alianzas políticas muestran las resistencias encontradas por la dirección de los partidos para imponer sus criterios en ayuntamientos y comunidades: baste con recordar la escandalosa espantada dada en 2003 por los diputados autonómicos socialistas Tamayo y Sáez para impedir que Simancas ocupase la presidencia de la Comunidad de Madrid en beneficio de Esperanza Aguirre.

Las sospechas sobre la financiación ilegal de los partidos ("en esto tiene que estar Romero de Tejada" -por entonces secretario general del PP en Madrid-, dijo en 2004 un concejal popular de Tres Cantos disconforme con las decisiones tomadas por su ayuntamiento) a través de las rentas ilícitas extraidas de la Administración local han enturbiado desde 1979 la vida municipal en toda España. Por lo demás, es difícil separar la corrupción institucional de las formaciones políticas y la corrupción individual de los titulares de cargos públicos designados por los partidos: ¿actuaba sólo en su beneficio Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que recalificó el suelo de Villanueva de la Cañada en provecho de sus propios intereses inmobiliarios, o también se ocupaba de allegar fondos para las arcas del PP? Y los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos, receptores de 40 millones de una inmobiliaria, ¿eran cobradores del PSOE o trabajaban por libre (en cuyo caso los criterios del Partido Socialista de Madrid para seleccionar candidatos saldrían otra vez malparados)? La proximidad de las elecciones acentúa la reacción defensiva de los partidos ante los casos de corrupción que les salpican y sus contraataques para airear escándalos ajenos. En cualquier caso, parece excesivo que el PP siga presentando para la cita con las urnas de 2007 a candidatos acusados judicialmente de corrupción como el presidente de la Diputación de Castellón y los alcaldes de Orihuela, Alicante y Torrevieja.