"La ley valenciana ha sido un regalo para los promotores"

Honorio Fernández Llamas (Caboalles -Asturias- 1939), presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), asegura que los responsables del caótico modelo urbanístico valenciano son los ayuntamientos y, en paralelo, la falta de control por parte de la Administración autonómica. El colectivo, creado en 1996, denunció ante el juez las casas ilegales de Catral. Fernández, afiliado a CC OO y ex concejal de Orihuela por el PCE, en el primer mandato, reclama más recursos para los Consistorios para "evitar caer en la tentación de financiarse a través del urbanismo".

Pregunta. Las casas ilegales de Catral han destapado la caja de Pandora del urbanismo valenciano ¿a qué responde este caótico modelo de desarrollo urbano?

"Los arquitectos de las promotoras son los que asesoran a los ayuntamientos. Esto es como poner la zorra a cuidar el gallinero", asevera Fernández

Respuesta. El problema está en los Ayuntamientos. Los municipios son los primeros que deben acatar la legalidad y disciplina urbanística, y no lo hacen. Pero hay diferencias radicales entre el urbanismo que se hace en Salamanca o el de la Vega Baja. En esta zona de la costa, desde hace 25 años se persigue exclusivamente hacer negocio rápido y no se ha respetado la normativa urbanística de nuestra legislación, que arranca con la ley de 1955, hasta llegar a la Aznar, en 1998. Esas normas plantean una serie de obligaciones urbanísticas, como que el promotor que inicia una promoción es el que debe hacerse cargo de las infraestructuras y ejecutarlas antes o simultáneamente a las casas. Pero aquí, desde la década de los sesenta, se hace al revés. La normativa valenciana ha sido el mejor regalo para los promotores y constructores para burlar y eludir sus obligaciones urbanísticas previas a levantar las casas.

P. Catral y otros municipios en idéntica situación revelan el fracaso de la política de ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana ¿por qué?

R. La legislación del PP, tanto en el ámbito nacional como autonómico, ha abierto la mano en favor de los promotores al relajar las medidas de control. Aquí, ha sido un desmadre. De hecho no se controla el cumplimiento de esa legislación, que en su esencia es buena. Y, además, esta la figura del agente urbanizador, creada en la Comunidad Valenciana, que ha servido para que una persona que tenga el 60% del suelo a urbanizar pueda imponer su voluntad y capricho al resto de propietarios.

P. Ha fallado el control.

R. Sí. Y esto atañe a todos los sujetos del proceso, empezando por el máximo competente, es decir, los ayuntamientos, siguiendo por los arquitectos y notarios. Pero ocurre que en muchos municipios, los arquitectos municipales suelen ser con mucha frecuencia profesionales privados autores de promociones irregulares.

P. ¿Por qué los gobiernos locales no pueden sustraerse a la presión de los constructores y promotores?

R. La mayor parte de los ayuntamientos no tienen capacidad ni técnica ni personal ni económica para desarrollar por sí mismo el urbanismo y, sin embargo, tienen la competencia central. Por tanto, tienen que recurrir a técnicos privados. Los que hacen los planes urbanísticos para las promotoras son los que luego asesoran a los ayuntamientos. Como se dice vulgarmente, es poner la zorra a cuidar el gallinero. La segunda cuestión es clásica, y depende de la Administración central, y es que los ayuntamientos tienen muchas más competencias que medios económicos. Habría que facilitar más recursos a los municipios, porque la única fuente de ingresos fácil, y no sólo fácil, sino oscura, es el urbanismo.

P. ¿Qué responsabilidad tienen los colegios profesionales, entre ellos, los arquitectos y los notarios?

R. Siempre que se hace una casa tiene que haber un proyecto supervisado visado por el colegio oficial. En el caso de las 1.200 casas ilegales de Catral es imposible que hayan pasado esos filtros, por tanto o han ocultado la realidad o sencillamente que no se han presentado los proyectos, o que estos estaban falseados, para almacenes, vallados o refugios de labor. Y los notarios necesitan una licencia de obra y certificado de obra final del arquitecto y comprobar esas cosas. Y es sospechoso que los notarios no sepan que en Catral y el resto municipios de la Vega Baja existen esas prácticas. Pensamos que tampoco cumplen el reglamento hipotecario.

P. ¿Cómo definiría el modelo urbanístico de la Vega Baja?

R. Es un auténtico modelo de pillaje y supermasifcado. No se respetan las dotaciones y servicios básicos ni la reserva del 10% de zona urbanística.

P. ¿El modelo ha impulsado la corrupción, o esta práctica es consecuencia de lo primero?

R. Es reciproco. En la Vega Baja hay ha habido durante años una serie de arquitectos que han estado fuera y dentro, es decir, trabajando para los promotores, y asesorando al Ayuntamiento.

P. ¿Cómo valora la legislación urbanística del PP y la del PSOE?

R. Para mí, es mejor la socialista porque afina un poco más los controles y el sentido sostenible y social del urbanismo. El PP y sobre todo la reforma Aznar, han ido quitando controles que al final han resultado fatales, y son el origen del desmadre.

P. ¿La Fiscalía Anticorrupción en Alicante puede ser un freno al urbanismo irregular?

R. Sí. El mero hecho de que salgan a la opinión pública supuestos casos de corrupción hace reaccionar a todos los segmentos implicados. Pero, insisto, los ayuntamientos tienen que tener medios suficientes porque si no la tentación es permanente.