La Generalitat descalifica a la juez que paralizó el aeropuerto de Castellón

El recurso que la sociedad pública Aerocas (formada en un 98% por la Generalitat y en el 2% restante por la Diputación de Castellón) ha presentado un recurso contra la decisión de la titular del juzgado número 4 de Castellón de paralizar, de forma cautelar, las obras de aeropuerto en Vilanova d'Alcolea, que está lleno de ataques frontales a la juez. Tras sugerir que se guía por criterios subjetivos inspirados por una supuesta obsesión, el recurso llega a asegurar que la juez ha basado su decisión en conjeturas formuladas desde "una indeseable parcialidad".

"El ruido de un grupo minoritario no debería tener eco en sede judicial"

La opinión que la empresa promotora del aeropuerto expresa sobre la juez en el recurso queda reflejada, "dicho sea con todo el respeto", en afirmaciones como la siguiente: "Ha llegado a la conclusión de que existe un complot de todas las administraciones públicas organizado para que el aeropuerto se lleve a cabo que, solo su señoría es capaz de desmontar. Y, en base a ese convencimiento, toma sus decisiones". El texto está lleno de ataques frontales a la juez, a quien el letrado de la sociedad pública se dirige diciendo que "la decisión que ha adoptado no sólo es manifiestamente contraria a derecho, sino que es radicalmente injusta y arbitraria".

"Su señoría", se lee en otro pasaje del recurso, "debe aplicar un mínimo criterio de coherencia en su actuación y no dejarse guiar por impulsos subjetivos orientados a conseguir la inviabilidad del aeropuerto de Castellón". El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) presentó ante el juzgado una denuncia al considerar que la adjudicataria estaba realizando trabajos para la ejecución del proyecto en una zona que no está incluida en el ámbito sobre el que se realizó al declaración de impacto ambiental. Acogiéndose a un informe del Ministerio de Medio Ambiente, que así lo reflejaba, la juez determinó la paralización cautelar de las obras ante el silencio de la Consejería de Territorio, que se desentendió alegando que la declaración de impacto ambiental la realizó el ministerio. Tras la suspensión, Aerocas anunció la presentación de un recurso y desveló que como base argumental contaba con informes del Ministerio de Fomento que avalan los trabajos en dicha zona y la legalidad de los mismos. Con esta base, el recurso señala que la consideración de que la zona afectada, el monte de Santa Bárbara, en Vilanova d'Alcolea, está fuera del ámbito de la declaración de impacto ambiental, "es de todo punto erróneo, como no podía ser de otro modo, dado que a la misma se ha llegado en base, única y exclusivamente, a dos suposiciones o conjeturas evidentemente formuladas, a nuestro modo de ver, desde una indeseable parcialidad".

El recurso, además, acusa a la juez de "no contextualizar" manifestaciones de algún funcionario, de realizar conjeturas "inadmisibles" para un juez y de llegar a conclusiones "en base a una respuesta inconcreta y una deducción jurídica impropia de su jurisdicción". Sin embargo, el texto presentado contra la paralización no se queda en eso y no sólo ataca a la juez por sus decisiones sino que va más allá y la "culpa" de tramitar la denuncia de los ecologistas: "El ruido que pueda hacer un grupo minoritario estancado en el pasado (...) no debería tener eco en sede judicial", indica el texto del recurso.

En otro punto, acusa a la juez de haber "tergiversado" un dato que para la sociedad pública es una "constatación obvia". Y como conclusión mantiene que la titular del juzgado número 4 "ha actuado con una ligereza que resulta impropia para un órgano judicial" e incluye una solapada advertencia al aducir que, además del resarcimiento de los daños que puedan reclamar a los ecologistas por su denuncia, la sociedad pública podría exigir también indemnizaciones a la Administración de Justicia "por actos imputables al juzgado".