La juez cita como imputado a un jefe de los peritos que fue exculpado por Garzón

La juez Gemma Gallego ha obviado las diligencias de su colega Baltasar Garzón sobre el caso del ácido bórico y ha citado para hoy, en calidad de imputado de una supuesta falsedad, a Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial. Ramírez es el superior de los tres peritos policiales que, según Garzón, manipularon un informe en el que se relacionaba a ETA con el 11-M a través del ácido bórico. Si Garzón entendió que eran los peritos los que cometieron la falsedad, la juez entiende ahora que quien debe declarar como imputado no son éstos, sino su jefe.

El juez Garzón tomó declaración el 29 de septiembre a los tres peritos y redactó un auto, el 5 de octubre, en el que imputó un delito de falsedad a los peritos. Tras la imputación, Garzón se inhibió del asunto en favor de los juzgados de la plaza de Castilla por tratarse de un delito ajeno a la Audiencia Nacional. El asunto lo asumió la juez Gallego, ya que a ella le había correspondido una denuncia presentada por la Asociación de Víctimas del 11-M, patrocinada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del Partido Popular.

Esta denuncia no era contra los peritos, sino contra los jefes policiales de los peritos. Es decir, el ex comisario de Información de la Policía Telesforo Rubio; el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el jefe de Análisis de este departamento, José Andradas, y el citado jefe de Analítica, Francisco Ramírez.

La juez Gallego es candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura para el próximo Consejo General del Poder Judicial.

A diferencia de Garzón, la magistrada entiende ahora que es Ramírez, el inmediato superior jerárquico de los peritos, quien ha podido cometer la falsedad y por eso lo llama como imputado. A los peritos los citó como testigos. En función de lo que declare Ramírez, la juez estudiará si cita y en calidad de qué a los otros jefes policiales.

Paralelamente, Gallego estudia ahora qué hace con las diligencias -casi 2.000 folios- que le remitió Garzón sobre la supuesta falsedad del informe del ácido bórico, una sustancia química de frecuente uso doméstico que sirve, entre otras cosas, para matar cucarachas.

Fuentes jurídicas no descartan que finalmente la juez acuerde la nulidad de todo lo practicado por Garzón. Los citados medios señalan que en la documentación de Garzón "hay grandes anomalías procesales; por ejemplo, bastantes documentos que no han sido proveídos, recepcionados, oficialmente, como marca la ley".

Recurso de los peritos

La juez Gallego ha pedido a la fiscalía que le informe sobre el recurso que han presentado los peritos contra el auto de imputación de Garzón. "La ley dice que todos los autos son susceptibles de recurso", añaden estos medios. "En cualquier caso, al haber tomado ya declaración como testigos a los peritos y citado como imputado a uno de sus jefes, la juez Gallego, de facto, ha cambiado la situación procesal de los peritos: ya no están imputados", sostienen estos medios. Los tres peritos son Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano. Éstos firmaron un informe en el que vincularon a ETA con el 11-M porque había aparecido ácido bórico en registros policiales efectuados, en 2001, en la casa de dos terroristas de ETA detenidos en Salamanca, así como en otros dos registros hechos en la casa de Madrid de una activista antiglobalización y en la vivienda de Canarias del islamista Hassan El Haski. Éste está acusado de terrorismo por Garzón en relación con los atentados de Casablanca (Marruecos).

En su declaración ante la juez Gallego, el perito que redactó el informe, Manuel Escribano, señaló que su superior jerárquico, Francisco Ramírez, les pidió que eliminaran las referencias a ETA y que él se negó. Ramírez rechazó el borrador indicando que contenía "opiniones subjetivas y faltas de consistencia". Ramírez se reasignó a sí mismo el asunto -lo que estaba dentro de sus competencias como superior- y redactó otro documento que tuvo carácter oficial y que no contenía las citadas observaciones.

Garzón quiso saber qué había detrás de todo esto y citó a los peritos. En los interrogatorios, éstos admitieron que el informe que supuestamente les habían falsificado sus superiores era en realidad un borrador redactado en marzo de 2004 y firmado por ellos el pasado mes de julio. Ese borrador salió luego publicado en El Mundo, pero con la fecha antigua, pese a que lo firmaron en julio. Por eso les imputó Garzón.