Los concejales de Oropesa acusados de prevaricación se escudan ante el juez en los informes técnicos

Prevaricación y cohecho son los presuntos delitos a los que se enfrentan cuatro concejales del Ayuntamiento de Oropesa que, en la pasada legislatura, concedieron una licencia de obras para la construcción de alrededor de 600 aparcamientos sobre un suelo calificado como dotacional privado para uso exclusivo de cámping. Tras la denuncia presentada por un particular, un juzgado abrió diligencias y ayer tomó declaración al edil del grupo independiente GIO, Fernando Juárez, que gobernaba cuando se concedió la licencia y que sigue formando parte de la corporación, y a la ex concejal socialista María Vicenta Garcés.

En su declaración, según el propio Juárez, la juez le preguntó por la concesión de la licencia y éste se escudó en el hecho de la existencia de un informe técnico municipal que era favorable a la concesión de la misma. Según el concejal, el informe estaba firmado por el arquitecto municipal, "a quien considero con capacidad de interpretar lo que cada calificación permite". "El arquitecto es quien mejor conoce las ordenanzas y las características y posibilidades de cada calificación y como el informe era favorable, nos basamos en eso", añadió. Fernando Juárez admitió la existencia de otro documento, el informe jurídico redactado por la entonces secretaria accidental, que, al contrario que el del arquitecto, era negativo a la concesión de la licencia. Sin embargo, para el concejal, éste era un informe jurídico y no tan específico como puede ser el de Urbanismo. En cualquier caso, además de éste existen dos escritos del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y dos requerimientos realizados por el departamento de Urbanismo dependiente ahora de la Consejería de Territorio advirtiendo al Ayuntamiento de la ilegalidad de la concesión, ya que el suelo no había sido recalificado y, por tanto, no podía albergar ninguna construcción que estuviera destinada a otro uso que el de cámping. El informe del Colegio de Arquitectos señalaba que el proyecto "no cumple con las normas urbanísticas del Plan General de Oropesa en lo referente al uso permitido de la parcela". Por su parte, el de la secretaria apuntaba que "no procedería la concesión de la licencia de obras solicitada por no cumplir la normativa establecida en el planeamiento de aplicación".

Varios informes advertían de la ilegalidad de conceder la licencia

Pese a la, de momento, supuesta ilegalidad, ni el actual equipo de gobierno municipal, del PP, ni la Administración autonómica han impuesto sanción alguna. Al contrario, en pleno mes de agosto y cuando el único concejal que ejerce oposición, el edil del Bloc Josep Lluís Romero, se encontraba de vacaciones, presentó una propuesta para aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de legalizar los apartamentos. Así, el actual concejal de Urbanismo avaló la decisión adoptada por el equipo de gobierno que le precedió, formado por independientes y socialistas, e incluso justificó su postura alegando que no se trataba de una recalificación sino de "compatibilizar tanto el uso residencial como el terciario".

El edificio cuenta con alrededor de 600 viviendas pero la misma promoción tiene proyectadas otras 400 en un tercer bloque.