Traca de torpezas

J. J. PÉREZ BENLLOCH

¿Pero qué provecho podía obtener el PP valenciano urdiendo o intentando urdir una comisión de notables para -según han dicho desde el partido- garantizar la independencia e imparcialidad del ministerio fiscal, en realidad del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la CV, Ricardo Cabedo? Ya se ha visto: han obtenido un escándalo político debido al presunto y desmañado propósito de fiscalizar al fiscal, presionándole. Que se hayan querido matizar las aristas de la maniobra, apelando al plausible propósito de contribuir al mejor funcionamiento de la justicia, no atenúa, y menos apaga, la traca de torpezas que se ha disparado, chamuscado el crédito democrático del Gobierno autonómico, pues no estamos aludiendo al eventual disparate de un militante incontrolado o marginal. En esta historia, de presidente abajo, se ha mojado lo más granado del cogollo dirigente popular.

Y no hablamos a humo de pajas. El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, venía ya dando reiteradas tarascadas contra la -a su criterio- desigual actitud de la fiscalía para valorar y calificar las conductas, según se tratase de miembros de uno u otro partido mayoritario. Entendía que con los socialistas se era laxo, en tanto que el rigor perseguía a los populares, no obstante la cantidad e incluso espectacularidad de los indicios y sospechas que abonan las imputaciones contra éstos. Y tal ha sido la primera torpeza del partido gobernante: no acatar con discreción los empapelamientos por desmanes que no tuvo el coraje de atajar. Muy al contrario, ha tratado de echarle el muerto a terceros, y nadie más idóneo que el dedo acusador de la ley.

La segunda torpeza ha consistido en la elección de los comisionados que habrían de supervisar la imparcialidad del ministerio fiscal. Cuesta creer -y eso podría abonar la inocencia de esta perversidad- que alguien confiase en la obsecuencia de los elegidos para asumir tan triste cometido más o menos edulcorado por el engaño o la ambigüedad al serles formulada la propuesta. Con excepción de uno de ellos, militante destacado del PP y supuestamente disciplinado, los demás no podían avenirse a integrar este engendro de grupo de presión sobre la fiscalía. El fiscal Enrique Beltrán y el juez Fernando Tintoré, ya jubilados, saben además cuán delicadas -por enviscosas- son las relaciones con el poder político cuando está en juego su condición de juzgadores. Experiencias no les han faltado. En este caso estaba también en juego su biografía.

Con todo, el masclet de esta traca ha sido, sin duda, la intervención del Secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, que ni siquiera puede excusarse en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia del PP provincial de Valencia. Tanto un entorchado como otro le impedían sumarse a este acosamiento que su partido despliega contra el fiscal jefe mentado. Pero si su lealtad partidaria se lo imponía había de haberse apresurado a desprenderse de su cargo institucional. Ahora lo procedente es que dimita, tanto por haberse involucrado para componer la desdichada y frustrada comisión como por no haber desarmado los persistentes ataques a la fiscalía. ¿Qué será, pues, cuando comiencen a calentar banquillo los encausados con vitola del PP por presuntos y variados delitos de corrupción? ¿En qué brete se pondrá a los jueces?

Y tan solo nos queda -aunque por estallar- un pequeño petardo que puede transformarse en una torpeza más, exponente de la belicosidad que el PP despliega contra toda instancia que no controla o no se aviene, y tanto más a medida que acrece el viento electoral. Nos referimos a la anunciada apelación al Defensor europeo del Pueblo por los reparos que pone y rectificaciones que la autoridad comunitaria exige a la reciente Ley de Urbanismo Valenciano (LUV). Otro episodio en el que la prudencia y la discreción, junto con la diligencia en la ejecución de las enmiendas legales, hubiera sido, a nuestro entender, el expediente idóneo para echarle tierra a una ley que nació tarde, mal y con demasiado estruendo -el de los miles de damnificados- como para pedir ahora socorros y liarse en pleitos con fundamento más que dudoso. Presentimos que el anuncio no pasará de farol, y tampoco será la primera vez.