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Familiares del alcalde especulan con terrenos alrededor del PAI de Porxinos

Los socialistas presentan una querella contra el proyecto del Valencia en Riba-roja

Familiares del alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona Zaragoza, del PP, han adquirido suelo en la zona de expansión del plan urbanístico de Porxinos y en otros puntos antes de la aprobación de los proyectos. El grupo municipal socialista denuncia la trama de intereses en una querella contra el alcalde y sus sobrinos Cristina Vázquez Tarazona y José Vicente Tarazona Campos, ambos concejales, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la aprobación del plan de Porxinos del presidente del Valencia CF, Juan Soler.

La denuncia imputa prevaricación y tráfico de influencia al alcalde y dos sobrinos

"Alrededor de la gestión urbanística municipal se ha tramado una red de inmobiliarias y empresas dedicadas directa e indirectamente al urbanismo y a la compraventa de inmuebles que tiene su centro en el alcalde y se ramifica a los familiares más directos de éste", denuncian los socialistas. Un juzgado de Llíria abrió diligencias previas para la ratificación de la denuncia, ya realizada, como paso previo a la admisión a trámite. La denuncia parte de la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos y se extiende a otras operaciones que la querella vincula a intereses familiares del alcalde.

La Consejería de Territorio aprobó en julio el PAI de Porxinos, que el propio Soler no tuvo empacho en calificar como un "pelotazo urbanístico" que permitiría enjugar las deudas millonarias del Valencia CF. La querella pide la paralización cautelar del plan y fianza de 300.000 euros de los denunciados para hacer frente a posibles responsabilidades.

Durante la tramitación del PAI ya salió a la luz que la madre del alcalde Tarazona era titular de cuatro parcelas en el ámbito del PAI, lo que obligó al alcalde popular a desgajarlas de la operación. Ello no impidió que votara a favor de la aprobación del PAI, lo que a juicio de los socialistas supone una "arbitrariedad" y una prevaricación, ya que el interés personal persistía. Los terrenos cercanos a Porxinos experimentarán una revalorización y son "susceptibles" de recalificación, máxime cuando la empresa de Soler mantiene viva sobre ellos una "opción de compra", según la querella.

En una larga lista de conexiones urbanísticas -consultadas en los registros de propiedad- la denuncia asegura que en el área de influencia de Porxinos, ya en el municipio de Vilamarxant, tienen suelo el alcalde y su esposa. El matrimonio, además, es dueño de terrenos que entran en el PAI de Masía de Traver II, aún en tramitación, siempre según la querella.

La hija del alcalde habría hecho "buen uso" de información privilegiada, ya que en "en plenas negociaciones para la aprobación y adjudicación del PAI de Porxino", en julio de 2004 compró terrenos en el PAI Calvari-Riolva, a 500 metros del anterior. El PAI fue votado favorablemente por el alcalde, según fuentes socialistas. En ese mismo plan se hizo con suelo otro sobrino del alcalde en junio de 2002. Este mismo familiar también compró terreno que entra en el PAI Cementeri, de uso industrial pendiente de adjudicación. Además, en este PAI, asimismo a 500 metros de Porxinos, posee suelo un primo hermano de Tarazona, también presente en el PAI Masía de Traver II y el de El Gallipont, en tramitación, dice la querella. "La mayor parte de las adquisiciones de terrenos de los familiares se producen alrededor de la zona de máxima expansión y especulación urbanística" de Riba-roja, "esto es, el PAI de Porxinos", señala la denuncia. Unas compras de suelo que se anticipan a las operaciones urbanísticas de recalificación con las que el entorno de Tarazona logra "un lucro personal".

La denuncia menciona también otras relaciones familiares ligadas al urbanismo. Así, la esposa de José Vicente Tarazona Campos, concejal querellado y sobrino del alcalde, es administradora única de Van Tres Servicios Inmobiliarios, SL, que "ha estado realizando de forma habitual operaciones" en Riba-roja. La hermana de la otra concejal denunciada, Cristina Vázquez Tarazona, trabaja para la mercantil Mafort, SA, adjudicataria de PAI en el municipio y en la que, además, realiza trabajos de fontanería el esposo de la hija del alcalde. Una inmobiliaria del grupo llegó a abrir una agencia en un bajo propiedad de la hija de Tarazona. La querella destaca por ello la "relación directa" entre el gobierno municipal y Mafort. La mercantil pugna ahora por la adjudicación del PAI Cementeri, en el que familiares del alcalde compraron terrenos y al que otra empresa ha presentado una alternativa.

Aparte de la supuesta prevaricación en el PAI de Porxinos, la querella concede gran relevancia a la práctica del alcalde de vender directamente al agente urbanizador el 10% del aprovechamiento urbanístico que corresponde al municipio en los planes. La LRAU exigía publicidad de esa venta y que la ganancia se reinvirtiera en patrimonio municipal de suelo, preferentemente para VPO. El Ayuntamiento vulnera estos preceptos e incorpora el dinero ganado a gastos corrientes.

Ha sido así en Porxinos y otros PAI. La querella destaca también el de Mas de Baló, que fue adjudicado antes de Porxinos a tres empresas en las que figuran el directivo del Valencia Carlo Cicchela y el hermano de Soler, Javier Soler Luján. En los convenios de agosto de 2005 se les vendió el aprovechamiento urbanístico por 6.022.166 euros y las empresas desembolsaron "una mejora voluntaria" de 1,5 millones. Los urbanizadores, según la querella, han ofertado el suelo urbanizado al triple de lo que pagaron al Ayuntamiento. Con estas operaciones, se "despoja" de patrimonio a Riba-roja, sostienen los socialistas, que imputan a los denunciados malversación y fraude.

El alcalde no respondió ayer a la llamada de este periódico para conocer su versión.

Del pelotazo al acuerdo modélico

El Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos es el único que ha aprobado hasta el momento el consejero Esteban González Pons, después de que lo pactara su antecesor, Rafael Blasco, con el presidente del Valencia CF, Juan Soler, y el alcalde de Riba-roja y presidente del PP de la comarca del Camp de Turia, Francisco Tarazona. La operación urbanística que permitirá al Valencia construir su nueva ciudad deportiva y una zona residencial de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola, reportará al club un beneficio de 130 millones de euros.

En la presentación del acuerdo, el 25 de abril de 2005, Blasco defendió enérgicamente el PAI e intentó matizar la sinceridad de Soler, que había presumido abiertamente del "pelotazo urbanístico". "En Riba-roja no se ha dado ningún pelotazo. Esto nunca será consentido por la Generalitat", dijo Blasco, quien calificó la operación de escrupulosa con la ley y "modélica". Los socialistas acusaron a Blasco y al alcalde de propiciar un acuerdo ilegal y de engañar al ciudadano. Como explica la querella, el Ayuntamiento vendió su parte del aprovechamiento urbanístico a Soler y no destinó el dinero al patrimonio público de suelo. "El Ayuntamiento ha vendido por 5,4 millones de euros lo que podría haber vendido por 20", denunciaron. El plan recibió cientos de alegaciones y se aprobó con el informe negativo de la Confederación del Júcar por falta de agua. Corregido en parte por la consejería, está pendiente de que lo apruebe de nuevo el Ayuntamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de octubre de 2006

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