CiU y PP denuncian el uso "partidista" de una revista municipal de Barcelona

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP), denunciaron ayer el "uso partidista" de la revista municipal BCN Informació. En el último número de la publicación aparece una entrevista de cuatro páginas con el alcalde, Jordi Hereu, y otras dos con sus socios de gobierno. Convergentes y populares pidieron también la dimisión del concejal de Seguridad en el Consistorio, Ferran Julián, por el aplazamiento de la cumbre europea sobre vivienda.

El Ayuntamiento de Barcelona edita mensualmente BCN Informació, que contiene noticias, reportajes y entrevistas sobre la actualidad municipal. La revista se distribuye de forma gratuita a todos los domicilios de la ciudad, de modo que su difusión es amplia. En el número 100 de la publicación, correspondiente al mes de octubre, Hereu es protagonista en 5 de las 24 páginas, incluida la portada, y se le dedica una extensa entrevista que lleva por título Soy apasionadamente reformista.

Sus socios de gobierno, Esquerra Republicana e Iniciativa Verds, se llevan una entrevista de una página cada uno. A propósito de unos datos sobre turismo y ocupación hotelera, el segundo teniente de alcalde, el republicano Jordi Portabella, es objeto de una entrevista de seis preguntas. Y con motivo de un foro sobre acción comunitaria, la tercera teniente de alcalde, Imma Mayol, contesta a cuatro cuestiones.

Ante este tratamiento, CiU exigió que en el próximo número su candidato a la alcaldía, Xavier Trias, reciba "el mismo trato que han recibido los candidatos del tripartito". El presidente del grupo municipal del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, denunció la "falta de escrúpulos democráticos" del gobierno municipal.

Ambas formaciones también coincidieron en exigir responsabilidades al concejal de Seguridad y Movilidad, Ferran Julián, por la suspensión de la cumbre de ministros europeos sobre vivienda. El encuentro debía haberse celebrado esta semana, pero se aplazó hasta noviembre por temor a protestas violentas. CiU y el PP culparon a Julián de no defender suficientemente la capacidad de Barcelona para garantizar la seguridad durante la cumbre.