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La fiscalía investiga 70 vertederos ilegales en zonas forestales de Valencia

El Seprona ha ido comunicando la existencia de los basureros a Territorio

La Fiscalía de Valencia ha abierto en poco más de tres meses 70 diligencias de investigación por otros tantos vertederos ilegales en zona forestal. La fiscalía recibió en junio una instrucción firmada por Antonio Vercher, coordinador de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, en la que requería una lista de los vertederos irregulares. El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ha trasladado a la Fiscalía la existencia de 70 basureros, de los que ya había ido dado cuenta a la Consejería de Territorio.

La Guardia Civil ha podido constatar la existencia de vertederos ilegales sobre terreno forestal, entre otros, en municipios como Higueruelas, Tuéjar, Puebla de San Miguel, Nàquera, El Puig, Torres Torres, Sagunto, Bolbaite, Pedralba, Venta del Moro o San Antonio de Benagéber. No son los únicos. La Fiscalía de Valencia tiene abiertas 70 diligencias de investigación penal por vertederos ilegales que suponen, como mínimo, un claro riesgo de incendio.

Esas diligencias han sido abiertas después de que el pasado 9 de junio el fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo remitiera un escrito en el que solicitaba a las fiscalías de toda España, entre ellas la de Valencia, una relación de los vertederos ilegales existentes. Vercher advertía de que "es sabido que una de las causas de los incendios forestales que se vienen produciendo todos los años es precisamente la existencia de vertederos ilegales que están, además, localizados en las proximidades de zonas forestales y boscosas". El objetivo de la Fiscalía General del Estado, según el escrito de Vercher, es "conseguir un mayor efecto preventivo en lo que a los incendios forestales se refiere". Y por ello, solicitó a los fiscales de cada provincia que requirieran "a los especialistas de la policía local en medio ambiente para que efectúen un listado de los vertederos".

El fiscal de sala, dependiente directamente del Fiscal General del Estado, dijo además que se trasladara "la eliminación material de los vertederos en cuestión o, de existir una imposibilidad inmediata, se adopten las medidas procedentes al respecto con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo de incendio, sin perjuicio de la eliminación posterior y definitiva del vertedero ilegal correspondiente".

Para responder a la instrucción, la fiscalía de Valencia requirió al Seprona los datos que se solicitaban. El inventario, que se ha convertido en las oportunas diligencias de investigación, alcanza de momento la cifra de 70. Es posible, incluso, que alguno de ellos pudiera estar en término de parque natural. Esos vertederos ilegales, algunos de los cuales han sido ya tapados en estos tres meses, recogen residuos que no son inertes. Más allá de alguna concentración procedente de obras, en ellos se pueden encontrar electrodomésticos, especialmente neveras, ruedas de coches y motocicletas, restos abonos, material altamente inflamable. Esos vertederos se ubican en zonas difícilmente visibles.

La fiscalía, tal como ayer explicó su portavoz, el fiscal Joaquín Baños, que además es en quien descansan los asuntos de incendios forestales, ha abierto diligencias por cada uno de los vertederos ilegales en zona forestal de los que ha tenido conocimiento para averiguar primero el titular de las parcelas en cuestión y a partir de ahí saber si tenían o no conocimiento de lo que se estaba produciendo. Después de eso, la fiscalía intentará saber quién o quiénes están utilizando ese espacio como un vertedero. Baños explicó ayer que podrían ser los artículos 328 y 329 del Código Penal los que correspondería aplicar. El primero de ellos, recoge que serán castigados con la pena de prisión de cinco a siete meses y multa de 10 a 14 meses quienes estableciesen depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas. En el caso concreto de los vertederos que ha denunciado el Seprona, la toxicidad estará también en función del impacto a un entorno de valor ecológico específico. El segundo de los artículos referido por Baños recoge como ilícito penal el silencio de la administración si conocía la existencia.

La Consejería de Territorio, que dirige Esteban González Pons, dijo ayer que no tenía por qué tener conocimiento del Seprona y que no tenía a disposición los datos referidos a los 70 vertederos ilegales. Además, añadió, que alguno lo ha tenido que denunciar. Pero no detalló el trámite administrativo en el que se encuentran.

La quimera del pacto

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, propuso a principios de 2005 al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, un pacto entre los dos grandes partidos, ampliable al resto de fuerzas políticas, para la gestión de residuos sólidos en la Comunidad Valenciana. La iniciativa se tradujo en el verano de ese año en la firma por Camps y Pla de un protocolo con el que pretendían desatascar los planes de residuos y evitar los conflictos que genera su ejecución. Socialistas y populares anunciaron la creación de una comisión de coordinación y tenían previsto establecer un plan transitorio para eliminar la basura mientras se construyeran las plantas y los vertederos.

El consenso era el compromiso clave sobre el que se cimentó un acuerdo que pretendía poner fin a los conflictos sociales y al largo enfrentamiento político por la planificación de los vertederos y las plantas necesarias para tratar la basura de los valencianos.

Y consenso es también lo que faltó para mantener un pacto que comenzó a resquebrajarse nada más arrancar, con la decisión del Consell de impulsar una incineradora en la localidad castellonense de Vall d'Alba. Una instalación que el PP acabó paralizando en julio pasado ante el rechazo vecinal y de sus alcaldes, que achacaron esa resistencia a "una salvaje campaña de mentiras" de los socialistas. A estas declaraciones siguió el anuncio de Pla de que su partido daba por roto el pacto de residuos. Pla anunció que volvería al pacto sólo si el PP evitaba actuar sin consenso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de octubre de 2006

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