Inmigración, más pedagogía, menos alarmismo

Alud migratorio, avalancha, incluso invasión. Así han descrito la situación en Canarias los alarmistas que han querido hacer de un drama humano una agresión migratoria en toda regla. Estos argumentos mezclan el efecto llamada de la desesperación con las tímidas políticas en materia de inmigración, y los alarmistas, con objetivos claramente electorales, sólo ofrecen como solución el endurecimiento de dichas políticas. Insisten en relacionar la llegada de inmigrantes con la delincuencia e incluso asocian su llegada al derecho de voto, obviando que dicha propuesta se dirige a la nueva ciudadanía que hace años ejerce sus obligaciones, pero que carece de derechos políticos básicos.

Ante el descaro de la derecha, sólo cabe hacer un ejercicio de pedagogía. Lo que vivimos en Canarias es lo que se vivió en Andalucía. La diferencia es que la impermeabilización de las fronteras ha convertido las rutas de llegada en mucho más peligrosas, que la desesperación en África ha crecido, y que, por mucho que digamos que sólo aceptamos inmigración regular, ningún inmigrante procedente del África subsahariana tiene mecanismo legal de entrada. La llegada en cayucos es, sin lugar a dudas, un drama humanitario, pero no alcanzan el 5% del total de los que acceden al territorio español de forma irregular por fronteras aéreas y terrestres. Lamentablemente, el Gobierno socialista ha caído en el discurso y la lógica de la dureza, sin reflexionar sobre el hecho de que esta forma de hacer ha fracasado estrepitosamente. Con una de las legislaciones más restrictivas y duras en materia de extranjería, España ha recibido el mayor número de inmigrantes de su historia. Decir que a partir de ahora cualquier inmigrante que acceda al territorio español de forma ilegal será repatriado, que el mercado laboral no acepta más inmigración, decir que los recién llegados pueden reducir la calidad de los servicios sociales es reproducir un discurso y una práctica fracasada, renunciando a hacer pedagogía. Obviar que el crecimiento del PIB o el superávit de la Seguridad Social se debe a éstos es situarse en un terreno hegemónico de la derecha: la restricción de derechos.

La sociedad del siglo XXI va a ser diversa. Los discursos y prácticas que ahora se establezcan decidirán si esa diversidad se da en un marco de integración o de exclusión. El Gobierno no se debe dejar arrastrar por el recurso fácil de la dureza, y debe abordar una política de inmigración activa que ayude a gobernar el fenómeno en un contexto en el que esa nueva ciudadanía ha sido la base principal del crecimiento del país. Para ello, es fundamental tener una política de permeabilidad razonable e inteligente en las fronteras españolas, ya que la impermeabilidad de las mismas no ayuda a gobernar el proceso, sólo añade dramatismo. Es necesario definir canales estables de entrada para los ciudadanos de países del África subsahariana de forma compartida con el resto de países de la Unión Europea. Además, deben condicionarse los convenios en el control de fronteras con Marruecos o Mauritania al estricto cumplimiento de los derechos humanos, o ¿acaso nos podemos permitir dar recursos para que se abandone a personas en medio del desierto?

Debemos adoptar, asimismo, una actitud responsable en la acogida, garantizando el acceso al derecho de asilo y refugio a los inmigrantes con un trato individualizado de los mismos y ofreciendo soluciones realistas. Por muy duros que sean los discursos, un inmigrante que cuenta con un periodo de acogida de apenas 15 días y con orden de expulsión no desaparece. Estos nuevos parias se convierten en fuente de explotación laboral y su única salida es continuar siendo explotados. Hoy, concluyen su periodo de primera acogida sin una cédula de inscripción, sin poder acreditar su ser, sin poder empadronarse y, por tanto, sin posibilidad de acceder a los servicios más básicos como el de la sanidad. Tenemos que establecer un doble mecanismo: una acogida de 12 semanas que permita acceder a un mínimo conocimiento del idioma y una formación laboral básica y permisos temporales de trabajo y residencia que les den acceso, tal como hacen en Alemania, a unos instrumentos mínimos para su integración.

Por último, hay que enfrentarse al esquema de la derecha. No sólo haciendo pedagogía, sino luchando en contra del hecho de que el desarrollo económico del país se cargue sobre las espaldas del más de un millón de inmigrantes a los que se permite trabajar en situación irregular y en condiciones de explotación. Para ello no basta con un proceso extraordinario de regularización. La política debe ir por otro lado: incrementar significativamente los medios de la inspección de trabajo para detectar la explotación de trabajadores extranjeros y evitar el efecto llamada que supone que es posible trabajar en España sin papeles. Además, hay que crear un marco estable de regularización que no se sustente exclusivamente sobre criterios laborables, sino de arraigo. La mejor política migratoria es aquella que define un Estado de bienestar potente, que permite hacer políticas educativas, sanitarias o de vivienda para los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que está la nueva inmigración; una política que les devuelve, como mínimo, parte de lo que están aportando, que sume a las obligaciones la igualdad de oportunidades.

El Gobierno tiene que corregir el rumbo que está tomando y liderar una política de inmigración de verdad evitando ceder el terreno a la derecha. Lo que está en juego es el modelo de Cataluña diversa. Y aunque estemos en elecciones, no es aceptable el deslizamiento hacia la demagogia que nos condena a una diversidad excluyente.

Joan Herrera i Torres es portavoz del grupo IU-ICV en el Congreso de los Diputados.