La Junta modifica cuatro elementos del PGOU vigente en Marbella

La oficina de Planeamiento urbanístico de Marbella, organismo creado por la Junta de Andalucía, anunció ayer la aprobación de cuatro modificaciones de elementos puntuales en el Plan General de Ordenación Urbana vigente en la ciudad, que data del año 1986, para paliar la falta de equipamientos sanitarios y educativos que padece la capital costasoleña por la gestión de los últimos gobiernos del GIL.

Con esta medida se trata de "garantizar la calidad de vida urbana, sobre todo de los sectores más desfavorecidos, que han pagado los platos rotos de la desastrosa gestión" de los gobiernos del GIL durante 15 años, según el director gerente de la oficina, José María Ruiz Povedano, que calificó de "histórico" el hecho de que se retoque un plan urbanístico de este modo. Todos los cambios se han diseñado con el acuerdo de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

El primer cambio tendrá lugar en la zona de Xarblanca, al norte de la ciudad. Se ha cambiado la calificación de un área concebida inicialmente como equipamiento deportivo para poder construir en ella un centro educativo. La segunda modificación consiste en ampliar un ambulatorio en el núcleo de San Pedro de Alcántara, mediante la calificación como equipamiento sanitario de una parcela anexa.

La tercera variación también afecta a San Pedro, donde se han reservado 22.000 metros para equipamientos docentes. En esta pastilla de suelo se construirá en el futuro un instituto de educación secundaria y un colegio de primaria. Además, se ha buscado terreno para un segundo centro de salud, zonas deportivas y espacios verdes.

La última modificación no afecta a una parcela concreta, sino que consiste en flexibilizar la condiciones de edificación de los centros escolares ya que, según Povedano, en las condiciones actuales "muchos quedan fuera de ordenación". La oficina ha previsto variar la separación de los linderos y la norma de construir los centros educativos con cuatro alturas.

Povedano justificó estas modificaciones en que "los derechos sociales como el acceso a la salud y a la educación están muy por debajo que en el resto de municipios de Andalucía como consecuencia de la gestión de estos quince años de ayuntamientos que han pensado en cualquier otra cosa que en derechos de los ciudadanos". El gerente de la Oficina de Planeamiento informó que desde que accedió al cargo, el pasado 20 de junio, se han llevado a cabo 60 estudios de detalle y 14 planes parciales urbanísticos en los que se reserva un 30% del suelo para vivienda protegida, como prevé la legislación autonómica.

Por otro lado, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz abandonó ayer la prisión de Jaén para responder, junto a otros ex ediles de la corporación, como imputado en tres diligencias por un delito contra la ordenación del territorio.

Muñoz vuelve al juzgado

Según el letrado Ernesto Osuna, que representa a tres de los ex ediles, los imputados argumentaron que desconocían el contenido íntegro de los informes elaborados por Urbanismo para la concesión de licencias.

Los hechos por los que el titular del juzgado de lo Penal número dos de Marbella tomó declaración a Muñoz y a los ex concejales Rafael González, José Luís Fernández Garrosa, Marisa Alcalá y José Luís Troyano, se remontan a 1998. Ese año, la corporación presidida por Jesús Gil -aunque con Pedro Román como regidor accidental- otorgó licencia para construir una promoción de chalets adosados en un suelo que el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 destinaba a parques y jardines.

El letrado Osuna afirmó que sus defendidos "no tenían conciencia de estar infringiendo ninguna normativa" y que "no se podía hablar de que hubiera un plan urbanístico aplicable claro en Marbella" cuando sucedieron los hechos.