El PP usa los nombres de un juez y un fiscal jubilados para criticar a la fiscalía

Un fiscal y un juez jubilados se habrían prestado a formar parte del grupo que el PP valenciano ha creado para criticar a la fiscalía que dirige Ricard Cabedo, su bestia negra tras los escándalos de corrupción que salpican a varios de sus cargos públicos. Enrique Beltrán, ex fiscal jefe del TSJ, y Fernando Tintoré, ex presidente de la Audiencia de Castellón, junto a un abogado y un profesor, formarían, según comunicó ayer el PP, una comisión que anunció hace unos días entre duros ataques a Cabedo. Sin embargo, Beltrán, predecesor de Cabedo en el cargo, desmintió horas después al PP.

Beltrán dice que no quiere que el prestigio que tanto le ha costado "se caiga por el suelo"

El PP anunció ayer que había encontrado dos aliados insólitos en la no menos insólita labor de presionar organizadamente desde un partido político al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricard Cabedo, porque la investigación de casos como los que afectan al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a los alcaldes de Orihuela, Manuel Medina, de Alicante. Luis Díaz Alperi, y de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, y al parque Terra Mítica, inmerso en una trama de facturas falsas, ha revelado un panorama de corrupción institucional en el que se niega a asumir responsabilidades.

Cabedo, recibido por el PP con duras descalificaciones cuando el Gobierno lo nombró a principios de 2005 porque está casado con la diputada socialista Juana Serna, fue acusado hace dos semanas por el vicesecretario regional del PP valenciano, Ricardo Costa, de estar otorgando un trato desigual a los cargos públicos del PP y del PSPV. "Cabedo podría estar vulnerando los principios de imparcialidad y legalidad que, por mandato constitucional, deben presidir todas sus actuaciones", dijo Costa al anunciar que su partido crearía una comisión para analizar las actuaciones del fiscal jefe "ante la duda de que se esté respetando el estatuto del ministerio fiscal".

El ataque del partido que preside Francisco Camps, en el gobierno de la Generalitat, fue respondido con contundencia por las juntas de fiscales de Valencia y Alicante, que rechazaron "las interferencias políticas en su actuación".

Ayer, en un comunicado, la organización regional del PP anunció que la comisión, o grupo de expertos, estará integrada por Enrique Beltrán, ex fiscal jefe del TSJ, Fernando Tintoré, ex presidente de la Audiencia de Castellón, Benito Nemesio, abogado, y Alexandre Catalá, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Enrique Beltrán, que fue el inmediato predecesor de Cabedo en la fiscalía del TSJ -en medio permaneció un tiempo en funciones Miguel Falomir-, desmintió a las pocas horas el anuncio del PP. Beltrán explicó a Efe que el secretario autonómico de justicia, Fernando de Rosa, le propuso formar parte de un comité de expertos consultivo y que le respondió que estaba dispuesto a ser consultado por Camps pero no a integrarse en un organismo político.

Nacido en Almassora en 1932, Enrique Beltrán ejerció como acusador público desde 1960. A finales de 2003 se jubiló, tras 43 años de ejercicio profesional, en el que actuó en algunos casos sonados, como el sumario por el asesinato de las niñas de Alcàsser o el juicio, repetido tres veces, por las inundaciones de la presa de Tous. Beltrán fue también el fiscal del caso Naseiro, que implicó en 1990 a Eduardo Zaplana en una supuesta trama de comisiones ilegales para financiar al PP que no llegó a juzgarse porque las escuchas fueron anuladas. En aquella ocasión defendió que, en su opinión, había "indicios de cohecho", contra la postura del fiscal general. También fue el acusador público, pocos años después, en el caso Blasco, cuando fueron acusados de cohecho y corrupción el entonces consejero socialista de Obras Públicas Rafael Blasco y otras cinco personas. Todos quedaron absueltos porque se anularon las escuchas que basaban la acusación. El Tribunal Supremo afirmó, en la sentencia, que las escuchas realizadas siguiendo instrucciones del fiscal jefe Enrique Beltrán, violentaron derechos y libertades constitucionales. Ayer, tras desmentir que vaya a formar parte de la comisión creada por el PP, afirmó que no quiere que el prestigio que le ha costado tanto labrarse "se caiga por el suelo".

Por su parte, Fernando Tintoré nació en Castellón en 1931, y ejerció durante 46 años en Aliaga (Teruel), Albocàsser, Oviedo, Dénia y Soria hasta que fue nombrado juez decano de Castellón, juez de menores y presidente de la Audiencia en 1996. Tras su jubilación en julio de 2003, fue nombrado magistrado emérito y en 2004 la Generalitat lo designó secretario de la Comissió de Codificació del Dret Civil Valencia. El último juicio en el que participó fue el de Vicente Vilar, por los delitos de agresión sexual, hurto, detención ilegal, amenazas continuadas y lesiones, por los que se condenó al procesado. Vilar es el industrial que denunció a Carlos Fabra por cobrarle supuestamente cantidades millonarias a cambio de favores políticos, caso en el que está actualmente imputado el líder del PP de Castellón.