Simancas ataca el plan de Moraleja de Enmedio que diseñó Porto

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, denunció ayer un nuevo presunto trato de favor del Partido Popular a los constructores San Román, uno de cuyos hermanos, Fidel, está imputado en la Operación Malaya. Simancas hacía de este modo referencia a la compensación que el PP de Moraleja de Enmedio ha hecho a la empresa familiar de San Román, incrementando la edificabilidad en una parcela de su propiedad en este municipio como compensación a la expropiación de los terrenos por donde pasará la futura AP-41, un regalo de al menos 20 millones de euros.

Los socialistas reclamaron que el PP rechace el nuevo plan urbanístico de Moraleja de Enmedio, que se revisen todos los planeamientos realizados por Porto y que el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, asuman responsabilidades. Simancas explicó que el planeamiento de Moraleja de Enmedio "es un episodio más del urbanismo del PP y de su jefe Enrique Porto, un urbanismo que han promovido en defensa de sus propios negocios y en defensa del interés general".

Para el portavoz socialista, el nuevo plan de Moraleja, que fue realizado por Porto, es "objetivamente un desastre", ya que de 4.500 habitantes que tiene en la actualidad, se puede llegar a 80.000 en poco tiempo "sin garantizar infraestructuras ni servicios mínimos".

'Modus operandi'

Simancas subrayó que el modus operandi de Porto es siempre el mismo: el ex director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid "primero diseñaba desde su despacho privado el desarrollo urbanístico de los municipios y luego, como alto cargo del Gobierno regional, removía todas las irregularidades y obstáculos para sacar el plan adelante; desde ocultar informes a hacer desaparecer esqueletos de mamuts".

"Este mismo método", añadió, "se puede constatar en el plan de Moraleja de Enmedio. En agosto de 2003 la dirección general de patrimonio requirió al Ayuntamiento de Moraleja un estudio sobre los restos encontrados en su localidad como condición sine qua non para continuar con el desarrollo hecho por Plarquín, pero Porto, una vez que es nombrado director general, convierte la necesidad de realizar este estudio en papel mojado".

Una de las empresas más favorecidas por este plan, aseguran los socialistas, es la perteneciente a la familia San Román, "empresa que posee numerosos terrenos por los que pasará la futura AP-41, los cuales no son expropiados, y en cambio se compensa por el PP a la empresa con un incremento de la edificabilidad en otros terrenos propiedad de San Román". Esto supondrá, calculan los socialistas, al menos 20 millones de euros.

Sus quejas y denuncias en lectores.madrid@elpais.es