Interior expulsa en sólo dos semanas a más de 2.000 'sin papeles' senegaleses

El Ministerio del Interior ha expulsado desde el pasado 18 de septiembre a 2.178 ciudadanos de Senegal y otros 70 de Guinea-Bissau desde Canarias. Los senegaleses son repatriados en 12 vuelos semanales que parten desde Fuerteventura con destino al aeropuerto de San Luis, según fuentes conocedoras de un proceso que se está realizando con máxima discreción. De enero a mayo habían sido devueltos a su país 84 senegaleses. Entre 2000 y 2004 fueron repatriados 562. La vicepresidenta María Teresa de la Vega anunció ayer que el próximo miércoles se reunirá con todos los partidos para consensuar una reforma moderada de la Ley de Extranjería.

La repatriación de los más de 2.000 senegaleses -en el último mes han llegado a las islas más de 7.000 sin papeles- ha permitido aliviar la situación de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Canarias. Las previsiones del Ministerio del Interior es que antes de que finalice este mes hayan sido expulsados unos 5.000 senegaleses. "Con estas devoluciones se está transmitiendo a los candidatos a emigrar desde Senegal un mensaje disuasorio", aseguran las fuentes consultadas. En lo que va de año han sido repatriados, expulsados o devueltos más de 15.000 ciudadanos africanos a sus respectivos países, la mayoría de ellos a Marruecos.

El Gobierno estudia una reforma de la Ley de Extranjería que pretende consensuar con el resto de partidos en la reunión del próximo miércoles. Se trataría, explicaron fuentes de Moncloa, de "limitar las modificaciones a aspectos estructurales y no coyunturales". Así, podría aumentar el tiempo de retención de los inmigrantes irregulares, que ahora tiene como límite 40 días. También se podrían modificar aspectos relativos a la entrada en España de los inmigrantes, su identificación, la acogida en condiciones humanitarias, las repatriaciones, las relaciones con la UE y la cooperación internacional.

El PP exigió ayer que dicha reforma incluya la prohibición expresa de regularizaciones extraordinarias, como la aprobada por el Gobierno en 2005, que permitió dar permisos de residencia y trabajo a 600.000 extranjeros que vivían en situación irregular. El Gobierno no es partidario de dicha prohibición.