Urbanismo: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuánto? y ¿cómo?

800.000. Este es el número de viviendas construidas en España en 2005. Esta cifra es equiparable a todas las viviendas que se han construido en el mismo año en Alemania, Francia y Reino Unido y más de dos veces superior al número de hogares que se crean en nuestro país. Es decir, la oferta de viviendas nuevas es mucho mayor que el indicador de demanda de vivienda de primera residencia.

Se construyen viviendas que se adquieren como inversión y quedan vacías y viviendas de segunda residencia que presionan sobre nuestro litoral, mientras una parte importante de la población sigue sin poder acceder a una vivienda habitual. Además, las viviendas se construyen conforme a un modelo urbanístico de ocupación de nuestro territorio que resulta no sólo insostenible sino también insoportable.

No se trata de frenar la actividad constructora, sino de orientar y ordenar su crecimiento

Los propietarios y los promotores privados son los que deciden cómo y cuándo se urbaniza

No es posible un cambio de rumbo sin la voluntad política de todas las administraciones

Dicho modelo urbanístico es consecuencia, en gran parte, de la vigente Ley del Suelo del Gobierno anterior del PP, que califica todo el terreno rústico de urbanizable y, por tanto, edificable (salvo el especialmente protegido), y que establece un régimen legal de valoración del suelo, único en el derecho europeo, que favorece y fomenta la especulación. Esta afirmación no es un juicio de valor sino una evidencia empírica.

El suelo se valora legalmente por el beneficio potencial del negocio inmobiliario, anticipado al momento de la reclasificación del terreno. Una idea de lo que esto significa nos la da la siguiente realidad: un suelo rústico que vale 3 euros por metro cuadrado, se convierte en 60 euros por metro cuadrado si se reclasifica para hacer una promoción de viviendas protegidas -las que menos plusvalías generan-. Es decir, el propietario del terreno obtiene un beneficio del 2.000% por cada metro cuadrado sin que haya invertido ni arriesgado nada. No existe nada parecido en ningún otro negocio y si no que se lo pregunten a los empresarios que crean riqueza día a día en nuestro país.

Por tanto, creo que la situación y el proceso de transformación que están viviendo nuestras ciudades y nuestras costas bien merece una reflexión sobre quién, dónde, cuánto y cómo está operando este proceso y cuáles son sus consecuencias.

¿Quién decide cómo, cuánto y dónde se urbaniza? Ésta es la primera pregunta que debemos considerar. Creo, sin riesgo a equivocarme, que mayoritariamente son los grandes propietarios de terreno y los promotores privados. Son ellos los que toman estas decisiones en función de los beneficios esperados.

¿Dónde? Se construye donde las plusvalías son más elevadas. En el litoral y en las grandes ciudades y sus zonas de influencia, e incluso en zonas de elevado valor ecológico. Se construyen viviendas, sí, pero no se desarrollan ciudades.

¿Cuánto? Puesto que el suelo es un recurso limitado, la pregunta es muy pertinente. Actualmente se urbaniza tanto como es necesario para generar los beneficios esperados. ¿Cómo? Propiciando crecimientos urbanos dispersos, desordenados, carentes de los servicios necesarios, poco respetuosos con el entorno natural y que generan importantes incrementos de costes de desplazamiento.

Hay demasiados lugares en España en los que para urbanizar se están dando respuestas incorrectas a las cuatro preguntas. Respondemos mal al quién, cuando los encargados de ordenar el territorio son los promotores o constructores, mientras los poderes públicos no ejercen sus funciones. Respondemos mal al dónde cuando la realidad es que un tercio del litoral mediterráneo se encuentra ya construido en su primer kilómetro de línea de costa. Respondemos mal al cuánto cuando en algunas partes se están aprobando planes generales que prevén la construcción de un número de viviendas que quintuplica la población del municipio. Y erramos al responder al cómo cuando las ciudades crecen desordenadamente, rompiendo el paisaje y desatendiendo la dotación de servicios públicos que deben proporcionarse.

Los ciudadanos merecen una respuesta satisfactoria a estas preguntas, que hoy por hoy, en muchos lugares de la geografía española no se están dando. No podemos seguir así. No se trata de frenar la actividad constructora, se trata de orientar y ordenar su crecimiento, evitando la ocupación indiscriminada del territorio, estableciendo límites racionales al crecimiento urbano y pensando ahora y en el futuro. Los socialistas somos conscientes de que hay que actuar con determinación definiendo una nueva política urbanística. Sin embargo, su puesta en marcha tiene una carga importante de complejidad.

En primer lugar, por el reparto competencial que establece nuestra Constitución y que atribuye competencias a los tres niveles territoriales de la Administración. Mientras el Estado tiene responsabilidades sólo en cuanto al régimen del suelo y al sistema de valoración, las Comunidades Autónomas tienen las competencias fundamentales de urbanismo, medio ambiente y ordenación del territorio, siendo las Entidades Locales a quienes les corresponde la elaboración de los Planes Urbanísticos y la aprobación de los instrumentos de gestión. En definitiva, no sería posible un cambio de rumbo sin la voluntad política de todas las Administraciones implicadas.

Desde el PSOE vamos a establecer un compromiso con la ciudadanía para establecer una nueva política de urbanismo y de ordenación del territorio. Una nueva política inspirada en una correcta respuesta a las cuatro preguntas clave.

Ya hemos dado los primeros pasos para afianzar este compromiso, y prueba de ello es la elaboración de la nueva Ley del Suelo. Dicha Ley aboga por un nuevo sistema de valoración que desincentive las prácticas de reclasificación y retención especulativa del suelo, apostando por el desarrollo urbano sostenible, el uso racional del territorio, la eficiencia energética y una nueva forma de gestión más transparente y participativa.

Sin embargo, ninguna Ley puede por sí sola resolver todos los problemas del urbanismo español. Son necesarias otras medidas complementarias adaptadas a la particularidad de cada ámbito competencial. Así, es necesario que las Comunidades Autónomas asuman de forma responsable la labor de diseñar Planes Territoriales Supramunicipales para ordenar el territorio, que fijen límites razonables al desarrollo urbanístico, establezcan la protección necesaria para aquellos suelos que tenga un especial valor ecológico o cultural y aseguren la dotación de todas aquellas infraestructuras y servicios imprescindibles para el bienestar de la población. No podemos permitir que un municipio compita con otro por ver quién atrae más cantidad de viviendas sin importar cómo y a costa de qué. No se trata de quién crece más sino de dónde se vive mejor.

Éstas y otras medidas componen la idea central de nuestro compromiso, recuperando el principio de que el urbanismo y la ordenación del territorio son, ante todo y sobre todo, una función pública que busca el interés general y el bienestar social. Desde este principio, confío en que el resto de fuerzas políticas sean capaces de ver el potencial de este compromiso y se sumen a él para que el quién, el dónde, el cuánto y el cómo encuentren la respuesta adecuada.

Inmaculada Rodríguez-Piñero es secretaria federal de Política Económica y Empleo del PSOE