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La corrupción urbanística

Porto descalificó en un juicio un informe contra el alcalde de San Lorenzo

La empresa del ex director de Urbanismo había redactado un desarrollo urbanístico del municipio

El ex director de Urbanismo de la Comunidad declaró como testigo en junio de 2005 en un juicio contra José Luis Fernández Quejo, del PP, ex alcalde de San Lorenzo de El Escorial, por un supuesto delito urbanístico y descalificó a uno de los técnicos de su propio departamento que firmaron un informe que declaraba nulas dos licencias urbanísticas. El alcalde fue posteriormente absuelto. Este Ayuntamiento adjudicó a la empresa Plarquin, de la que Porto fue socio hasta 2003, el desarrollo urbanístico de Monesterio, un proyecto de construcción de miles de casas y un gran centro comercial en San Lorenzo.

La declaración de Porto ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial fue providencial para el alcalde y los otros cinco ediles acusados en ese proceso. El ya ex director de Urbanismo compareció como testigo de tres abogados de los acusados. Su testimonio desbarató en parte la principal prueba de cargo que tenía el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio.

Esta prueba era un informe firmado en 1998 por técnicos de la consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en el que se "declaraban nulas de pleno derecho" las licencias otorgadas por el Consistorio de San Lorenzo a la empresa mercantil Inversiones Neypas, S. L. El alcalde, José Luis Fernández Quejo, fue absuelto junto con otros cinco ediles de la acusación de haber recalificado una parcela que estaba protegida saltándose la normativa urbanística, y también de permitir una tala de árboles centenarios. Ante el tribunal, Portó restó importancia a un informe firmado por tres peritos de la Comunidad de Madrid acerca de citada recalificación. El informe que cuestionó Porto tiene fecha del 21 de septiembre de 1998 y lo firman Beatriz Lobón Cerviá, entonces jefa de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad; Benigno Pasarón García, técnico informante de inspección urbanística de la zona de planeamiento y control sur y este, y Tomás Avendaño Pereda, jefe de la sección de inspección urbanística.

En la fecha en que se hizo este informe el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, en la fecha del juicio, la presidenta era Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid. Beatriz Lobón es jefa de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

En el juicio, Porto desacreditó el informe. Señaló que el Departamento de Inspección Urbanística, del que había partido este informe incriminatorio, estaba bajo su responsabilidad. Entre otras cosas, subrayó: "...Pasarón [en alusión a uno de los firmantes] realizó la visita a las obras [de San Lorenzo, pero] no tiene la autoridad exigida por la ley 4/84. No es abogado, ni siquiera licenciado en Derecho. Es profesor, pero su precisión jurídica no es grande. Según la ley, para ser inspector urbanístico", añadió, "se tiene que ser funcionario público, ya que se [realiza una labor de] agente de la autoridad". Porto indicó que había hablado con Pasarón antes del juicio y que éste le había reconocido que "era contratado laboral y arquitecto técnico". Explicó que para realizar labores de inspección "se requiere grado académico del grupo A, [ser] funcionario del grupo A y titulado superior, y el arquitecto técnico", dijo, "no entra en ese grupo, [pero] puede hacer funciones de auxiliar de la inspección".

Fuentes judiciales entienden llamativo que estas manifestaciones las hiciera el ya ex director de Urbanismo de Madrid como "testigo de la defensa" y que fuese la empresa Plarquin la que resultase adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del desarrollo urbanístico de Monesterio. Este complejo supone levantar otro caso urbano de San Lorenzo para 18.000 personas en un paraje situado a cinco kilómetros del actual.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de octubre de 2006