Garzón se inhibe en el 'caso del ácido bórico' y lo envía para reparto a los juzgados de Madrid

Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, ha decidido inhibirse en el caso de la falsificación de un análisis químico que vinculaba a ETA con el 11-M por el hallazgo de ácido bórico -un antiséptico e insecticida- en los pisos de un islamista, unos etarras y un antisistema.

Así, el caso conocido como del ácido bórico se seguirá en tres frentes judiciales. En el primero, Garzón investigará si esa sustancia puede ser un componente de los explosivos y si se le puede imputar al islamista Hassan el Haski. En el segundo, Garzón enviará las actuaciones que ya ha realizado al decanato de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla de Madrid, para que entren en el reparto ordinario. Por tanto será un juez de instrucción de Madrid, al que le corresponda por turno de reparto, el que investigará las presuntas falsedades descubiertas por Garzón de los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que firmaron el borrador del informe pericial del ácido bórico y que intentaron colar como documento oficial a su superior José Andradas.

El tercer proceso es el que tramita la juez número 35, Gema Gallego (candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura al Consejo General del Poder Judicial), por supuestas falsificaciones de documentos oficiales contra los superiores jerárquicos de los tres peritos citados. Precisamente la magistrada ha citado para hoy en calidad de testigos a los peritos Manuel Escribano e Isabel López Cidad, que Garzón ha imputado por falsedad, mientras que Manrique declarará el lunes.

Los peritos imputados de falsedad han denunciado a Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial.

El primero de los procesos es por terrorismo, mientras que los dos restantes lo son por falsedad, sólo que presuntamente cometidas por personas distintas, por lo que también es distinto el objeto de la investigación.

Gallego investiga una denuncia de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M -patrocinada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre-, que acusa de falsificación a los superiores de los peritos ahora acusados de falsificar.

Dos de esos peritos, Manuel Escribano Escribano e Isabel López Cidad, elaboraron y firmaron en 2000 un informe en el que aseguraban que "el ácido bórico no es sustancia explosiva ni incendiaria". Dicha afirmación estaba en un informe ampliatorio sobre las sustancias intervenidas en casa de un antisistema, pero la obviaron en julio pasado, cuando supuestamente hicieron pasar por nuevo un informe de marzo de 2005, en el que usaban el ácido bórico para vincular al 11-M con ETA. Estos dos peritos han recabado la ayuda legal del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), próximo al PP. El tercer imputado, Pedro Manrique, ha optado por distanciarse de sus compañeros para su defensa, según fuentes de la Comisaría General de Policía Científica.

Mientras, el llamado sindicato Manos Limpias, dirigido por el ex líder de la ultraderechista Fuerza Nueva, Miguel Bernard, ha denunciado por prevaricación al juez Garzón. La también plataforma ultraderechista España y Libertad ha denunciado, igualmente por prevaricación, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por haber remitido a Garzón el informe del ácido bórico.