Un general de la Guardia Civil dirige el mando único contra la inmigración ilegal en Canarias

El Gobierno ha puesto a un general al frente del mando único para luchar contra la inmigración ilegal en Canarias. Se trata del general de división Cándido Cardiel, uno de los mejores generales de la Guardia Civil, según fuentes de dicho cuerpo.

El papel de Cardiel, que en febrero pasado ascendió a general de división y ocupa la Subdirección General de Apoyo del instituto armado, consiste en coordinar los medios que los ministerios del Interior, Defensa y Fomento, así como tres países europeos a través de la agencia de fronteras de la UE (Frontex), aportan a la lucha contra la inmigración ilegal en Canarias y tres países africanos (Mauritania, Senegal y Cabo Verde), para garantizar la unidad de acción.

La UE prorroga "al menos hasta finales de diciembre" el dispositivo de vigilancia en Senegal, Mauritania y Cabo Verde

Una orden de Vicepresidencia debe concretar los cometidos y competencias de la nueva autoridad de coordinación

El general de división Cándido Cardiel coordina medios de Interior, Defensa y Fomento en Canarias y la costa africana

No se trata de una tarea fácil. La prueba de ello es que el general lleva ya un mes en Canarias y aún no se ha dictado la orden donde deben detallarse sus cometidos y competencias. En teoría, debería firmarla la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que coordina a los ministerios implicados en el problema.

La cuestión estriba, según las fuentes consultadas, en que el general de la Guardia Civil debe coordinar el operativo de las Fuerzas Armadas (la operación Noble Centinela, en la que participan cuatro patrulleros de la Armada y tres aviones del Ejército del Aire); los medios de Salvamento Marítimo, que depende del Ministerio de Fomento; los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil; así como los aportados por Italia, Portugal y Finlandia, lo que no deja de provocar suspicacias.

Sólo en tres países africanos (Mauritania, Senegal y Cabo Verde) hay un total de 64 funcionarios, 14 embarcaciones, dos aviones y dos helicópteros. En Canarias, en el centro que dirigirá Cardiel, hay expertos de España, Italia, Portugal, Senegal y Frontex.

Precisamente ayer, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, anunciaron que el dispositivo coordinado por Frontex continuará

"al menos hasta finales de diciembre", se reforzará con la participación de más países y se extenderá a Guinea-Bissau.

Los ministros de Interior de la Unión Europea, reunidos en Luxemburgo, acordaron un paquete de medidas de urgencia, mientras se aborda una estrategia global ante la inmigración clandestina. Entre ellas, la adopción de un mecanismo que obliga a cada país a informar a los demás de los planes y medidas que han adoptado o piensan adoptar en materia de asilo o inmigración.

Los ministros reconocieron la necesidad de dar "una respuesta europea adecuada a la crisis humanitaria cada vez más grave que se registra en el Mediterráneo y en la costa atlántica", y estuvieron de acuerdo en que esa respuesta "debe tener en cuenta las peculiaridades de la frontera exterior marítima meridional", según las conclusiones de la reunión.

Por ello pidieron "que se intensifiquen los trabajos sobre el desarrollo del sistema de gestión integrada de las fronteras exteriores" con vistas a la adopción de las orientaciones estratégicas necesarias antes de final de año. Frattini subrayó que se trata de "optimizar la cooperación en el mar", cuya urgencia se vio dramáticamente subrayada por "la tragedia de hoy [por ayer], con 20 muertos, una más que requiere una estrategia de patrulla y de rescate" porque "lo ocurrido es inaceptable", agregó.

El objetivo es aplicar "nuevas medidas operativas de refuerzo de los controles y la vigilancia de la frontera exterior marítima y de garantías de las personas que necesiten protección internacional", según el documento final.

A la espera de la concreción de la estrategia para abordar el problema, en Luxemburgo se acordó extender "al menos hasta finales de diciembre" el dispositivo de Frontex que iba a concluir el próximo día 15, según explicó el vicepresidente Frattini.

Además de confirmar la continuidad de los países ahora implicados en la operación, se pactó entre España y Portugal modificar el área de actuación y se habló de ampliar con medios y países la lucha contra la emigración subsahariana, de acuerdo con lo anunciado por Pérez Rubalcaba

El ministro consideró que ayer en Luxemburgo se dio dimensión comunitaria a la estrategia que hasta ahora ejecuta España. "A partir de hoy contamos para desarrollar esa política de lucha contra la emigración ilegal con el apoyo del Consejo [los Gobiernos de la UE]", dijo. "Somos más fuertes y más eficaces".

El documento sobre el refuerzo de la frontera marítima meridional fue adoptado sin oposición y para España, que hasta ahora ha negociado bilateralmente con Marruecos, Mauritania, Senegal o Cabo Verde, supone acercarse al objetivo de que la UE participe en las discusiones con terceros países.

Pérez Rubalcaba valoró el efecto disuasorio de Frontex, a cuya intervención atribuyó que en las pasadas semanas se hubiera reducido la llegada de cayucos a las Canarias. "Queremos controlar y, sobre todo, disuadir: evitar que salgan los emigrantes ilegales", dijo el ministro, quien habló con sus colegas de Italia y Portugal de su continuidad en la operación. La participación lusa está centrada en Cabo Verde, donde no es tan necesaria como en Guinea-Bissau.

Los ministros también acordaron la puesta en marcha este mismo mes de un mecanismo de información mutua sobre política de inmigración y asilo. Es una respuesta a la sorpresa que produjo en febrero del año pasado la decisión del Gobierno español de legalizar a 600.000 irregulares. El sistema "reforzará la confianza entre los Estados miembros y facilitará la coordinación", según Frattini

Con este acuerdo, Pérez Rubalcaba dio por superadas recriminaciones como las protagonizadas recientemente por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy.

Los distintos Gobiernos se comprometen ahora a transmitir información sobre las medidas que pretenden tomar, o han adoptado recientemente, en cuanto sea posible, y desde luego no después de anunciarlas públicamente. La comunicación se hará a través de una web gestionada por la Comisión Europea.