La actividad del Puerto de Bilbao no se paraliza tras las detenciones

El transporte de las mercancías por contenedor apenas funcionó ayer en el Puerto de Bilbao, pero no hubo bloqueos ni sabotajes en el resto de la actividad portuaria. La operación policial que ha supuesto la detención de 18 personas por fijar de forma irregular el reparto de las cargas y los precios del transporte de mercancías por carretera no ha originado una reacción violenta de los camioneros autónomos, que en otros episodios de menor gravedad han paralizado el Puerto bilbaíno.

El sindicato Sintrabi, al que están afiliados 800 de los 1.200 camioneros que trabajan en exclusiva en el Puerto de Bilbao y al que se señala como el responsable del sistema vigente de asignación de cargas y tarifas que limita la competencia, celebró por la mañana una asamblea en la que no se acordó ninguna medida de fuerza y se instó a que cada camionero adopte las medidas que estime oportunas. Un centenar de miembros de este sindicato y familiares de los arrestados se desplazaron ayer a Madrid, donde los imputados son interrogados por el titular del Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo.

Catorce de los 18 detenidos están vinculados a Sintrabi, entre ellos toda su dirección: el presidente, Felipe Ampudia, el secretario general, Juan Carlos Fullana y el secretario técnico, Daniel González. Los cuatro empresarios son Miguel Aguirre, consejero delegado de Marítima Candina, José María Egurrola, director de la firma de terminales de contenedores TMB, a su vez presidente y vicepresidente de la patronal de empresas consignatarias y de estiba; y Pedro Sánchez Amores y Juan Antonio Mendizabal, máximos responsables de las empresas de transporte de contenedores Transmeta y CB Bilbao. El juez, que les acusa de los delitos de extorsión, asociación ilícita y coacciones y amenazas, también ha imputado al responsable de otra empresa, que no ha sido detenido porque se encuentra en el extranjero.

Tras los interrogatorios, el juez decretará las medidas para cada arrestado. La operación ha llegado cuando las instituciones y las partes afectadas buscaban una solución pactada a un conflicto que se remonta a 1994.