Los jueces amenazan con multar a la Comunidad por no entregarles un informe

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido por segunda vez en los últimos 10 meses al Gobierno regional, ahora bajo amenaza de multa, que le entregue el expediente de revisión de las normas subsidiarias de un barrio (el SAU 21) de El Molar, que agilizó Enrique Porto, actual director de Urbanismo. Porto, antes de su nombramiento, había intervenido en su planeamiento como urbanista privado, planeamiento que luego asumió la empresa Plarquin, propiedad de sus ex socios. Ecologistas en Acción, pese al apoyo de la justicia, aún no ha recibido el citado expediente.

El actual Gobierno madrileño ha ejercido una inusitada celeridad en la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar. El departamento que dirige Porto le dio luz verde en junio de 2005. Sólo un mes después fue aprobado por el Gobierno regional. Y al mes siguiente, Plarquin, la firma de los socios de Porto, ya tenía elaborados los planos de desarrollo del sector, lo que le permitiría facturar tres millones a los promotores privados. Frente a tales prisas para desbloquear las deficiencias que impedían el planeamiento urbanizador del SAU 21, el Gobierno regional ha mostrado menos prisas en enviar este expediente a la justicia.

Lo denuncia Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción: "La Comunidad de Madrid, más concretamente la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Urbanismo, que es quien tiene el expediente, está entorpeciendo la actuación de la justicia en el caso de El Molar". Nieto detalla el supuesto calendario obstructor: "En noviembre de 2005, Ecologistas en Acción interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno del ámbito de suelo SAU 21 de la revisión de las normas subsidiarias de El Molar. Ese acuerdo se hizo público el 26 agosto de 2005 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid".

Huella sonora

Los ecologistas añaden: "Este recurso se interpuso porque consideramos que no pueden construirse viviendas bajo la huella sonora de Barajas. Con fecha 25 de enero de 2006, el Tribunal Superior admitió a trámite el recurso contencioso administrativo y requirió a la Comunidad que aportase el expediente administrativo del SAU 21 en 20 días. En julio de 2006, enviado a Ecologistas el pasado 4 de septiembre, el Tribunal Superior volvió a insistir a la Comunidad que presentase el expediente diciendo que ha transcurrido en exceso el plazo marcado e, incluso, les amenazó con multa", relata Nieto.

Esta portavoz de Ecologistas en Acción ve la siguiente intención oculta en tales trabas: "El procedimiento de aprobación continúa, ya se ha creado la junta de compensación y se han aprobado los estatutos de la misma. El plan parcial está pendiente de que lo apruebe definitivamente la Comunidad. Se podría dar el caso de que la Comunidad de Madrid aprobase definitivamente el plan parcial del SAU 21 antes de remitir el expediente al TSJM. Evidentemente, están intentando ganar tiempo para iniciar las obras antes de que se pronuncie el tribunal". "Además de este entorpecimiento, la Comunidad no nos ha remitido ninguna información de la que le hemos requerido para poder documentar el recurso. Por ejemplo, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente nos ha denegado la copia del acta de la reunión de la Comisión de Urbanismo donde se aprobó el SAU; y la Secretaría del Consejo de Gobierno no ha contestado sobre copia del acuerdo por el que se denegaron los sectores A5, A6, A7 y A8 de Algete por encontrarse bajo la misma isófona que el SAU 21 de El Molar". Por su parte, un portavoz de Medio Ambiente afirmó que el pasado día 19 ya se dio orden de traslado del expediente al tribunal.

El PSOE ha multiplicado su interés en revisar lo sucedido en las sucesivas autorizaciones que recibió el citado expediente urbanizador, fundamentalmente la subsanación de las deficiencias de las normas subsidiarias que bloquearon su urbanización en abril de 2002 por decisión del Gobierno regional del entonces presidente Alberto Ruiz-Gallardón.

Este periódico reveló que, en contra de lo declarado oficialmente al diputado socialista Modesto Nolla, Porto no se inhibió en la tramitación de este desarrollo urbanístico, a pesar de que había intervenido en él antes de ser director general. Por el contrario, Porto agilizó la entrega de informes de su consejería (Medio Ambiente) para que el expediente pudiera ser elevado por su departamento para su definitiva aprobación. Su intervención cobra mayor relevancia para el PSOE porque Porto, antes de ser nombrado director general, y luego Plarquin, la empresa de sus socios, redactaron el planeamiento de dicho sector. Ruiz-Gallardón había paralizado el proyecto por el impacto sonoro del aeropuerto sobre las futuras viviendas, la invasión de zonas forestales y la falta de garantía en la depuración de sus aguas.