Educación culpa a Hacienda de incumplir la recolocación de docentes de la red concertada

El proceso de supresión de unidades en los centros de enseñanza concertada, operado por la Consejería de Educación en 2004 y 2005, tiene en este momento acumulado una "bolsa de más de 40 docentes" con nombres y apellidos despedidos en los últimos dos años -en virtud del acuerdo de recolocación firmado hace cinco años por las patronales de enseñanza privada, la Administración y todos los sindicatos-, que están desde entonces sin cobrar ni recolocados. Según se describe en las actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del acuerdo, el director general de Educación, Josep Vicent Felip, atribuye el problema a que "no hay dinero" y se escuda en la Consejería de Hacienda para no admitir otras formas de recolocación. De hecho, según se aprecia en las actas, Felip se cierra en banda a aceptar ninguna propuesta de las múltiples hechas por FSIE, CC OO, UGT, STEPV y USO, inlcuida la de "recolocarlos como profesores de apoyo, en centros donde se ha incrementado la matrícula inmigrante".

Algunos de estos docentes (con décadas de antigüedad) se encuentran literalmente en la calle, sin trabajo, y sin poder denunciar los "despidos improcedentes" puesto que ha vencido el plazo legal, convencidos de que serían recololocados en cumplimento de la famosa "bolsa de recolocación de centros en crisis", que firmaron de su puño y letra la Consejería de Educación, los cinco sindicatos y las patronales Feceval, Educación y Gestión.

Nada de lo pactado se ha producido en el caso del medio centenar de casos citados. "En 2004 se paró el proceso de recolocación", coinciden sindicatos y afectados. Ambas partes denuncian, además, que la Comisión de Seguimiento lleva desde el 19 de diciembre sin reunirse, según puntualiza Pepa Ramis, de CC OO, que subraya la situación de estos docentes que "llevan años sin cobrar y sin ser recolocados".

Éste es el caso de Juan Pedro Catalán, que fue dado de baja del Colegio Salguí en agosto de 2005, y sigue sin encontrar trabajo. Y lo que es más "grave", sin que la consejería responda a sus requerimientos sobre "el incumpliento del calendario de negociación y recolocación".

En la misma situación se encuentran profesores del Centro de Estudios Europa, al que Educación suprimió las unidades concertadas de ESO cuando trasladó a los alumnos a un instituto público; profesores del Colegio Ortega de Russafa, que ha ido reduciendo unidades y que ha anunciado su cierre definitivo por jubilación del dueño. Por su parte, las patronales quieren que la Administración cumpla con la cuota de incentivación de 12.000 euros para financiar los gastos de nueva contratación. Es decir, un problema "de falta de dinero y de falta de voluntad política", resume Ramis, que están viviendo medio centenar de docentes.