La alcaldesa de Quijorna vendió una alameda protegida a un constructor y luego la recalificó

La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP, ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750 metros cuadrados calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace cuatro años) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su cargo político para beneficiarse con esta venta y que diferentes personas del pueblo, adscritas a otros grupos políticos, también poseen propiedades que se tratan de la misma forma. El Ayuntamiento adjudicó la redacción del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio Enrique Porto, director general de Urbanismo.

El sabor a pueblo todavía permanece intacto en Quijorna, una pequeña localidad de 2.325 habitantes, situada en el suroeste de la región, a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. El municipio también está muy próximo a localidades ya desarrolladas urbanísticamente como Majadahonda o Villanueva de la Cañada, y a escasos cinco kilómetros pasa la carretera de los pantanos, la M-501, ya desdoblada.

Pero el aspecto de pequeña localidad no le durará mucho. Los planes del actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del pueblo. El municipio está gobernado por tres concejales del PP, que cuentan con el apoyo de dos ediles del PSOE. En la oposición se encuentran cuatro ediles del Grupo Independiente de Quijorna (GIQ).

El nuevo avance del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. "Pero en un espacio de entre 20 y 25 años", aclara la alcaldesa de la localidad.

La alameda recalificada

Estos planes multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable actualmente, cuyas normas fueron aprobadas hace sólo cuatro años. Dentro de las zonas protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran varias fincas situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de cauces y riberas.

Una de ellas, la parcela número 286, situada en el polígono 3, pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que decidieron venderla a la promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la Operación Malaya) por 270.455 euros, cuatro veces más de lo que se paga habitualmente en el municipio por un espacio como éste, en el que no se puede construir.

El cuñado de la alcaldesa, Enrique Serrano Pedrazuela, también vendió a la misma empresa tres fincas (dos de ellas con protección ambiental). Según información de la oposición, Sanedi se ha hecho con alrededor de un millón de metros cuadrados en el municipio.

¿Qué interés puede tener una empresa constructora en adquirir terrenos en los que no se puede edificar? La respuesta llega con el avance del plan general, donde estos suelos se transforman en redes públicas de zonas verdes y espacios libres. Es decir, los suelos que antes carecían de edificabilidad por su protección ambiental adquieren derechos para construir viviendas. No en la zona de la alameda, que continuará siendo verde, sino en otro lugar del municipio.

García asegura "no entender la polémica que se ha levantado con esta venta". "Aquí las tierras son de determinadas familias, como sucede en la mayoría de los pueblos. Los terrenos eran de la familia de mi marido de toda la vida. Él los recibió como herencia y ahora los hemos vendido, igual que otras personas de toda adscripción política o de ninguna".

La alcaldesa sostiene que con el nuevo plan general sólo busca el interés general del municipio. "Los pueblos pequeños sólo podemos tener infraestructuras y servicios creciendo. A mí me piden un instituto y ¿por qué no podemos tener una universidad como los municipios cercanos?", se pregunta. En cuanto a la razón por la que se ha suprimido la protección de la alameda, García argumenta que esta decisión se adoptará en todas las fincas con la misma calificación, no sólo en la suya. "En absoluto se trata de beneficiar a intereses privados de nadie", recalca.

Florentino Serrano, portavoz del Grupo Independiente y única oposición municipal debido a que el PSOE apoya al PP en su gestión, afirma que le parece una auténtica aberración la postura de la alcaldesa. "Es terrible que quien tiene que velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y el interés público sea el primero que hace negocios millonarios de compraventa", zanja.

Serrano pide "la urgente e inmediata intervención" de la Fiscalía de Medio Ambiente. "Nosotros creemos que es de muchísima gravedad", añade. El concejal del PSOE Juan José Cerrato, que apoya al Gobierno local del PP, comenta que no tiene una opinión definida del avance. "En su momento votaremos lo que nos digan desde el partido. Mi opinión personal es que habría que equilibrar los metros cuadrados que se dejan como suelo sectorizado [en el que ya se ha calculado el número de viviendas que se edificarían] con el no sectorizado [terrenos que se reservan para crecimientos futuros]", comenta.

El avance prevé convertir 466 hectáreas en suelo urbanizable sectorizado donde se levantarán 9.458 viviendas, 4.188 de ellas protegidas. Las restantes 600 hectáreas de suelo urbanizable se reservan para crecer en el futuro.

Pero el portavoz del GIQ no cree que éste sea el momento oportuno para desarrollar un nuevo ordenamiento urbanístico. "Primero habría que edificar las viviendas previstas en el anterior plan, unas 1.200. De esta forma, se llegaría a una población de unos 6.000 habitantes. Con este número de habitantes se podría solicitar un instituto, incrementar el número de médicos, tener un centro cultural y mejorar el transporte público. No hace falta llegar a los 60.000 habitantes para eso", dice.

En su opinión, lo razonable sería esperar a que estuviera hecho el 50% de lo aprobado y, en ese momento, acometer un nuevo plan. Además, el GIQ ha denunciado la actuación del equipo de gobierno por la aprobación de unos convenios en los que, en su opinión, también se ha favorecido a Sanedi y a otras empresas. El Ayuntamiento firmó 37 acuerdos en julio de 2004 donde reducía el porcentaje de vivienda protegida del 50% al 10%, además de aumentar la edificabilidad de 18 a 25 viviendas por hectárea. En contrapartida, el municipio recibe un 22% de aprovechamiento de cada suelo, en lugar del 10% legal.

Los independientes interpusieron una querella ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles donde acusan a la alcaldesa de prevaricación por los convenios. Además, presentaron un recurso contencioso administrativo. El PSOE hizo alegaciones. El diputado socialista Modesto Nolla, portavoz de Urbanismo en la Asamblea, advirtió de que estos acuerdos eran nulos de pleno derecho al reducir el número de vivienda protegidas. Sin embargo, uno de sus concejales en el Ayuntamiento de Quijorna, Fernando Díaz Guerra, votó a favor de los planes parciales. La alcaldesa, del PP, defiende su actuación y explica que cuando se firmaron los convenios no era obligatorio edificar viviendas protegidas.