¿Y la participación?
La preparación de las elecciones en Francia por parte de las grandes fuerzas políticas está haciendo aparecer los grandes temas de la agenda europea: inmigración, exclusión social, seguridad, precariedad laboral, emancipación juvenil y, como no podía ser de otra manera, la crisis de la política institucional y convencional y la necesidad de avanzar hacia formas más potentes de deliberación democrática y de participación social. Si nos centramos en este último aspecto, los problemas no son de hoy ni mucho menos. De hecho, la frase que encabezaba el llamado Libro Blanco sobre la gobernanza europea que la comisión de la Unión Europea publicó en el 2001 decía: "Hoy, los líderes políticos de toda Europa se enfrentan a una paradoja. Por un lado, los europeos les piden que encuentren soluciones a los grandes problemas que tienen planteadas nuestras sociedades. Por otra parte, la gente desconfía cada vez más de las instituciones y de los políticos o simplemente han dejado de interesarles". No sabemos si la frase pretendía ser profética, pero si recordamos lo que ha ido sucediendo con la construcción europea y el intento de profundizar en su institucionalización con el salto adelante que pretedía ser la llamada "Constitución Europea", no podemos menos que dar la razón a la Comisión por su diagnóstico sobre la deficiente calidad de nuestra democracia.
En este sentido, uno de los debates centrales entre los candidatos a ocupar la primera plaza de los socialistas franceses en las próximas presidenciales se centra en dirimir hasta qué punto conviene o no insistir en los temas de la participación política y las nuevas formas de implicación ciudadana en política. La candidata Segolène Royal ha insistido en que la renovación de la vida política francesa que ella pretende representar debe pasar por cambios en los mecanismos de legitimidad democrática, profundizando en aspectos de implicación más directa de la gente en los asuntos públicos. Lionel Jospin, que va dando vueltas a la posibilidad de volver a encabezar el socialismo francés, comenta mientras con escepticismo que es más importante tener ideas sólidas y valores contrastados que jugar al marketing político de los nuevos instrumentos de participación, instrumentos que "de tomarse en serio, conviene ser consciente de su dificultad y de sus límites".
¿Qué ocurre entre nosotros? Por lo que estamos viendo en estas últimas semanas predomina el marketing y las técnicas comunicativas a la solidez de ideas y contenidos. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el lema de la muy reciente Conferencia Política del PSOE, Nuevos tiempos, nueva política, que destacó más por su puesta en escena y por la nueva televisión socialista vía Internet, que por sus contenidos, más bien convencionales. Si repasamos los puntos dedicados al tema de la participación e innovación democrática, se apunta a que el PSOE es partidario de la "democracia participativa" y su apuesta por "la democracia de calidad". Pero, luego, las especificaciones de esas afirmaciones genéricas no son muy estimulantes ni concretas. Tampoco es eso excepcional. De hecho, los partidos hablan a menudo de mejorar nuestra democracia, de implicar más a los ciudadanos, pero luego su práctica habitual es muy institucional y se centra en cómo conseguir las mayorías necesarias para gobernar.
Que en Cataluña CiU no mencione el tema tras su larga y estrechamente institucional experiencia de Gobierno, o que al PP ni se le ocurra ir por ahí, no nos resulta extraño. Lo significativo sería lo contrario. Pero, me sorprende que si bien uno de los cuatro ejes del Pacto del Tinell era el que hablaba de "más y mejor autogobierno, más calidad democrática", los partidos que lo firmaron no hagan, en general, referencias al tema en esta fase preelectoral. Y más me sorprende cuando a diferencia de otros aspectos del pacto de Gobierno del tripartito que han quedado inéditos, en este caso algunas cosas se han hecho y el camino emprendido no resulta anecdótico. Destacaría sobre todo el cambio en la regulación de la iniciativa legislativa popular. La nueva ley aprobada en 2005 mejora sustancialmente la anterior normativa. Rebaja el número de firmas necesarias para presentar una proposición de ley, permite que los firmantes puedan tener 16 años o más. Y sobre todo evita la esperpéntica situación anterior en que (como ocurrió con la iniciativa popular que pretendía acabar con la incineración en Cataluña) cualquier proposición de ley surgida de una campaña popular pudiera acabar siendo aprobada por el Parlamento en sentido totalmente contrario a las aspiraciones de los firmantes, y sin que éstos tuvieran posibilidad de defender sus posiciones o retirar la proposición. La dirección general creada por el tripartito para impulsar la participación ciudadana ha empezado a incorporar estas nuevas perspectivas de deliberación y presencia ciudadana en diversas políticas, siguiendo en muchos casos las directrices que la Unión Europea ha establecido obligatoriamente en temas como por ejemplo la gestión de las cuencas hidrográficas. Se ha intervenido positivamente en desbloquear la instalación de cárceles en el territorio y se ha colaborado en la implementación participativa de la llamada Ley de Barrios. Y se ha logrado ampliar la presencia de entidades y personas de la sociedad civil en proyectos de ley tan significativos como la de servicios sociales o la de infancia. Y destacaría, asimismo, el lograr que el 20% de los municipios catalanes hayan contado con recursos para realizar experiencias de participación democrática local. Con todo ello no quiero afirmar que el balance de estos años pueda llevarnos a la conclusión de que se han alcanzado los objetivos que sobre este tema figuraban en el acuerdo de Gobierno de finales de 2003. Pero, hemos de reconocer que, al menos, no nos hemos quedado en la mera reiteracion de buenos propósitos, de buenas palabras que luego sólo tienen concreciones en nuevos cauces de información o de estricta comunicación institucional. Lo importante sería que esa experiencia prometedora, y que de alguna manera rompe con el conformismo con relación a la cacareada distancia entre instituciones y ciudadanía, no se acabe aquí.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
