El 'caso Camas' sale del cajón

Carlos Mahón, el nuevo juez de Instrucción número dos de Sevilla, el tercero que llega al juzgado desde que hace un año se inició la investigación del supuesto intento de soborno a Carmen Lobo, una ex edil de Camas (Sevilla), llega "con ganas", cuentan personas de su entorno. Y se le nota. Quiere terminar cuanto antes, ha manifestado a este periódico, la instrucción del llamado caso Camas. Y desea iniciar, con casi un año de retraso, la investigación del caso Bormujos. A saber: la supuesta "compra" de José Sánchez, un concejal del municipio que con su voto consiguió arrebatarle la alcaldía al PSOE y ponerla en manos de Baldomero Gaviño (Partido Independiente para el Desarrollo de Bormujos-Aljarafe), el PP y el tránsfuga Sánchez (antes de la Asociación Independiente de Bormujos). Ocurrió en diciembre de 2004, días después de que el Ayuntamiento gobernado por el PSOE aprobará el avance de su Plan General de Ordenación urbana. Un PGOU diferente al que había previsto Baldomero Gaviño en su etapa de alcalde.

Y todo ocurre en los juzgados a ocho meses de las elecciones municipales a las que todavía no se sabe si concurrirán los alcaldes de Camas y Bormujos, Agustín Pavón (IU) y Baldomero Gaviño, y sus concejales imputados. Camas y Bormujos son dos municipios de la comarca sevillana del Aljarafe en pleno crecimiento urbanístico, envueltos en presuntos escándalos de corrupción, que tienen gobiernos de coalición donde conviven políticos de distinto signo pero que saben entenderse.

El juez empezará a trabajar por la causa que está más avanzada, la de Camas. El martes tendrán que comparecer ante Mahón cinco testigos a los que nadie había oído hasta ahora en sede judicial: Inmaculada Larrinaga, concejal tránsfuga del PP, Antonio Rivas, ex alcalde de Camas (PSOE), el empresario camero José María Ramos y Manuel Macías, gerente de Geconsa. El sobre que le entregó Eusebio Gaviño a Carmen Lobo con 12.000 euros llevaba el membrete de Geconsa. El dinero era un anticipo de los supuestos 1.000 millones de pesetas que le había prometido a cambio de que votara diferentes operaciones urbanísticas.

Larrinaga tendrá que ofrecer una explicación sobre dos supuestos intentos de soborno que sufrió y de los que luego se retractó.Rivas y Ramos estaban al tanto de los hechos, según Eusebio Gaviño, antes de que Francisco Gordo y Carmen Lobo denunciaran los hechos en el juzgado.

Y cuando el magistrado termine de escuchar a los testigos, quiere tomar declaración a los imputados. "Hay cosas que se pueden completar", ha reconocido el magistrado. Así que el viernes interrogará al alcalde de Camas y al empresario Gaviño. Para el día 2 de octubre ha citado a los concejales José del Castillo (ex PA) y Antonio Enrique Fraile (ex PP).

Por otro lado, el magistrado le ha pedido a la Guardia Civil "que aceleren la prueba de voz" que solicitó hace seis meses Luis del Oro, el primer juez que se hizo cargo del caso Camas. Se trata de que se identifiquen las voces de una conversación que se desarrolla en casa Eusebio Gaviño, el empresario imputado. Una reunión grabada por el denunciante Francisco Gordo sin autorización judicial y en la que supuestamente Agustín Pavón, el alcalde de Camas, el empresario Eusebio Gaviño y los ediles de Camas Antonio Enrique Fraile y José del Castillo trataban de convencer a Gordo para que persuadiera a Lobo de que votara a favor de distintas recalificaciones en el pleno del 14 de septiembre de 2005. Es, quizás y de momento, la única prueba que, si fuera válida y cierta, tendría la justicia para demostrar que Pavón estaba al tanto de ese presunto soborno.

La supuesta compra de José Sánchez, el edil tránsfuga de Bormujos, empezará a tomar forma el 3 de octubre. Ese día Sánchez y Baldomero Gaviño, el alcalde, declararán como imputados.

Está por ver si el magistrado puede terminar las dos causas con tiempo para que los cargos públicos puedan presentarse ante sus electores libre de sospechas.