El PP pone un segundo recurso por la retirada de competencias urbanísticas a Marbella

El Partido Popular (PP) presentó el pasado jueves un nuevo recurso contencioso administrativo contra la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella. El secretario general de la formación en Andalucía, Antonio Sanz, explicó ayer que en este nuevo recurso se insta además a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a que plantee una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra la medida adoptada por la Junta el pasado junio.

El PP no está dispuesto a ceder un ápice en su empeño de que el Ayuntamiento de Marbella mantenga al completo sus competencias urbanísticas cuando se celebren las próximas elecciones municipales de mayo de 2007, por lo que ha reforzado su batalla judicial para conseguir que el TSJA declare nula la intervención de la Junta y ha presentado este nuevo recurso pese a que el TSJA ya había admitido a trámite el que formuló en su día la presidenta local del PP en Marbella, Ángeles Muñoz.

El PP tiene puesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo que atribuye a la Junta la potestad de retirar las competencias de planeamiento urbanístico a aquellos municipios que incumplan grave y reiteradamente la legislación urbanística.

Dicho precepto sirvió a la Junta para retirar las competencias urbanísticas a Marbella en una decisión que fue avalada por todos los grupos políticos en el Parlamento andaluz excepto el PP.

Sanz explicó ayer que en este segundo recurso se persigue una declaración de inconstitucionalidad de la medida, pues explicó que "es incompatible aplicar una ley que está recurrida en el Constitucional". El PP entiende que si este tribunal considerara inconstitucional la mencionada ley, la retirada de competencias a Marbella sería por extensión una medida igualmente inconstitucional.

Según Sanz, la Junta "ha despojado" de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella "conculcando la garantía constitucional de autonomía local y superando los límites del control interadministrativo". Para el PP, la Ley de Viviendas Protegida y Suelo no sólo vulnera la autonomía municipal, sino que representa "una gran contradicción con la doctrina que desde su creación tiene el Constitucional" sobre este precepto.

El PP considera que se ha privado al Ayuntamiento de Marbella de un derecho esencial que le es propio cual es el de intervenir en el diseño de su planeamiento urbanístico. Para Sanz, no resulta admisible que la Junta retire las competencias de forma genérica y su intervención en todo caso debía limitarse a "un hecho puntual o una actuación singular". "No se puede plantear un control genérico e indiferenciado sobre toda la actividad urbanística del municipio", dijo el dirigente popular.

Sanz volvió a señalar a la Junta como responsable de los desmanes urbanísticos cometidos en Marbella por los gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal. "Los que han permitido la corrupción urbanística en Marbella en los últimos 15 años por acción o por omisión , no pueden ser los que ahora pretendan decidir el futuro de su planeamiento urbanístico".

La Consejería de Obras Públicas gestiona desde julio el planeamiento urbanístico en Marbella a través de una oficina creada al efecto y ha anunciado que devolverá las competencias una vez que se elabore el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).