Controlar al vigilante

Mientras se decide si conviene cerrar las centrales nucleares que hay en España o si lo aconsejable es prolongar su vida o, incluso, combinar las dos cosas, cerrando alguna y dejando que funcionen, fuera de plazo, las demás, quizás convenga ponerse de acuerdo en algo bastante más simple: no debería tomarse ninguna decisión antes de que se modifique el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad de esas centrales, y de todas las instalaciones que manejan elementos radioactivos en España, es, en estos momentos, una de las instituciones con menos prestigio cara a los ciudadanos. Así lo admiten, incluso, muchos de los excelentes técnicos que trabajan para el Consejo y que, año tras año, expresan su frustración a través de informes que hacen llegar a Greenpeace.

Sorprende que los políticos muestren tanto interés en el futuro de la energía nuclear cuando demuestran tan poco en el funcionamiento del organismo en el que los ciudadanos estamos obligados a depositar nuestra seguridad. La realidad es que la proposición de ley para la reforma del CSN languidece en la Comisión de Industria del Congreso. La propuesta llegó en septiembre de 2005, de la mano de Izquierda Unida y de los Verdes, con el respaldo del PSOE, pero hasta ahora la comisión, presidida por un socialista, se ha limitado a celebrar dos sesiones de comparecencias y a empantanarse en el manejo de una copiosa documentación. Tanta que ni tan siquiera ha tenido tiempo para abrir el imprescindible periodo de presentación de enmiendas.

Para que se entienda bien por qué hace falta cambiar inmediatamente el funcionamiento del Consejo pueden bastar estos tres capítulos:

1) El CSN ha dejado sin multar desde el año 2000 nada menos que 818 infracciones, algunas de ellas de carácter grave. Por ejemplo, que la persona que opera la unidad de cobalterapia de un hospital no tenga licencia de operador ni supervisor, que otro hospital no haya pasado los controles y revisiones exigidos para su unidad de radioterapia o que una empresa no notifique que un trabajador ha recibido una pequeña sobredosis de radiación se viene solucionando desde hace años con una simple carta de amonestación. El colmo fue que sólo mereciera un tibio apercibimiento el hecho de que una central nuclear superara su potencia técnica nominal durante varias horas. Mientras que no se apruebe la nueva ley no se podrá reformar el régimen sancionador del CSN y empezar realmente a imponer sanciones pecuniarias que tengan algún sentido. La Ley de Energía Nuclear fue reformada en 1999 para permitir que el Consejo pudiera sustituir multas por simples "apercibimientos". Se pretendía aligerar las sanciones a faltas administrativas o muy leves. Pero la realidad es que el número de multas en dinero se ha convertido en algo ridículamente pequeño. Las centrales nucleares sólo han tenido que pagar 21 multas desde 1996. Una de las mayores fue para Vandellós II, sancionada con 1,6 millones de euros por una infracción que le reportó, según expertos de Greenpeace, 250 millones de beneficio.

2) Mientras que no se apruebe la reforma, los trabajadores de las centrales no podrán denunciar anónimamente, como sucede en otros países, las violaciones de los protocolos de seguridad o los accidentes que a su juicio estén siendo ocultados. La legislación norteamericana, por ejemplo, tiene un apartado entero de la ley que se titula "De cómo pueden los trabajadores presentar denuncias anónimas".

3) Hasta los propios miembros del Consejo creen que es urgente cambiar la manera en la que se elige al presidente y a los cuatro vocales del CSN. Se trata de evitar que la Comisión de Industria del Congreso acepte los nombramientos de manera automática, como ha hecho, increíblemente, en ocasiones en el pasado, sin discutir los méritos de los candidatos. Éste es, además, un momento excelente: en octubre cesa, por imperativo de edad (70 años), la actual presidenta. El trabajo de Teresa Estevan, nombrada por el último Gobierno del PP, ha sido puesto en entredicho muy seriamente por los otros cuatro vocales del Consejo, incluida la representante del PP. Otros dos vocales han cumplido también su mandato y se encuentran desde hace meses "en funciones". Sería intolerable que los nuevos nombramientos se hicieran todavía con las viejas, y tan poco fiable, costumbres. solg@elpais.es