Tomás reclama los 41 millones firmados en marzo por Camps
El Consell ofrece otro convenio de inversiones tras incumplir el anterior

El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, reclamó ayer el dinero pactado "hace más de seis meses" con el presidente Camps. Se trata de 41 millones de euros destinados a la construcción de edificios calificados como urgentes. Eso fue por la mañana. En la apertura del curso académico. Por la tarde, los rectores de las universidades públicas firmaron un convenio de inversiones ofrecido por el Consell. El documento desarrolla otro convenio, firmado hace un año por Camps, que la Generalitat ha incumplido en su práctica totalidad.
Los rectores consultados manifestaban pocas dudas. El convenio ofrecido ayer por los consejeros Justo Nieto (Universidad) y Gerardo Camps (Economía) tenía como objetivo amortiguar al máximo las críticas expresadas por Tomás. Y, sobre todo, la censura por la morosidad del Consell que el rector de la Jaume I, Francisco Toledo, tenía previsto realizar hoy en presencia del presidente Camps, durante la apertura del curso en Castellón.
"Que quede claro que lo que ha hecho hoy la Generalitat no ha sido ofrecer más dinero a las universidades", decía ayer un rector. "Estamos hablando de dar un nuevo paso para ejecutar el dinero comprometido hace un año".
En octubre de 2005, Camps firmó un convenio que preveía destinar 152 millones de euros a la construcción de las infraestructuras docentes y de investigación que las universidades consideraban urgentes. Casi un año después, el Consell sólo ha hecho efectiva la entrega de 11 millones. El rector Francisco Tomás rechazó la oferta de octubre, por insuficiente. El acuerdo entre la Universitat de València y el Consell llegó en marzo. El Gobierno valenciano se comprometió en él a invertir 41 millones, de los cuales la universidad todavía no ha visto ni un euro.
El rector de la Universitat puso ayer nombre durante su discurso a las obras que "no pueden esperar": La nueva escuela de Magisterio -una parte de la actual se encuentra apuntalada debido a la amenaza de ruina-; y las nuevas facultades de Ciencias Sociales y de Ingeniería Técnica Superior, que carecen de sede. Tomás, poco dado a las estridencias, envió varios mensajes al Consell.
"El balance" del curso pasado, afirmó, "sería muy satisfactorio si no fuera por el estancamiento de las inversiones en instalaciones docentes". Más adelante improvisó una frase que no aparecía en el discurso entregado antes de la prensa. "Esperemos", dijo, adelantándose a lo que ocurriría por la tarde, "que los próximos convenios que se van a firmar permitan la ejecución efectiva de las infraestructuras".
El convenio firmado ayer prevé desarrollar los compromisos en infraestructuras docentes adquiridos hace un año con las universidades de Alicante, Castellón, Miguel Hernández y Politécnica de Valencia; y el adquirido en marzo con la Universitat de València. En total, 158 millones de euros.
Las dos fórmulas ofrecidas por el Consell fueron calificadas como "extrañas" por los rectores. Una, a la que sólo se acogió la Politécnica, consistía en que la universidad pagara la ejecución de las obras, mientras el Consell se comprometía a reembolsárselo en el plazo de una década. La segunda, a la que se acogió el resto, era una fórmula privada de arrendamiento concesional: Una constructora levantará los edificios; después se los alquilará a las universidades, y, dentro de 30 años, la propiedad revertirá en los campus. "La fórmula no nos gusta", comentaba ayer un rector, "pero esto es lo que hay".
El Gobierno en el punto de mira
A la apertura de curso de la Universitat de València no asistió ayer el consejero de Empresa, Universidad y Ciencia. El Consell estuvo representado por el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, y por el director general de Universidades, José Capilla.
González Pons no intervino, y el discurso de Capilla sorprendió a los universitarios reunidos en el paraninfo del edificio de La Nau por su dureza contra el Gobierno. Las críticas de Capilla se fundaban en el retraso del Ministerio de Educación en culminar la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y la adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior. Un reproche que comparten la mayoría de los rectores, pero al que el director general dedicó buena parte de su discurso, y lo hizo en un tono poco habitual.
"Si hace un año decíamos que íbamos con retraso", afirmó Capilla, "hoy hemos de decir que estamos cayendo en el vagón de cola de la convergencia europea. La mayoría de los países europeos concluyeron sus reformas hace algún tiempo. Y lo que es peor, después de tanto hablar de convergencia europea, lo que ha creado grandes ilusiones y expectativas en la universidad, hoy empieza a ser un concepto desgastado y devaluado".
"El fracaso en el que por ahora estamos inmersos", continuó, se debe "a la falta de liderazgo y de acierto que ha tenido el ministerio".
El rector Francisco Tomas también se refirió al Gobierno para lamentar el excesivo "intervencionismo" que contempla la nueva LOU. Esas mismas críticas las repitió más tarde Tomás contra las leyes universitarias que está elaborando el Consell.
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