El Gobierno analiza cómo facilitar la OPA de E.ON sin dañar a la CNE

El Gobierno busca fórmulas para facilitar la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa sin dañar el prestigio de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en julio autorizó la operación con 19 condiciones a las que se opone Bruselas. La tarea no es fácil. Fuentes de la CNE admiten que en el consejo del organismo hay cierta inquietud por las repercusiones del caso en la imagen del organismo. Industria ha solicitado ya al órgano que preside Maite Costa que informe sobre la autorización condicionada que aprobó en julio para resolver los cinco recursos en contra planteados ante el ministerio, entre ellos el de E.ON. El informe de la CNE, no vinculante, puede alimentar más la polémica.

La idea que ahora mismo se impone en el Ejecutivo es, según una fuente cercana al proceso, que "el Gobierno no puede desacreditar a la CNE". Por ello, asegura, las riendas del caso la han tomado "más los abogados" que los expertos sectoriales de Industria o de Economía. Con esa idea, que por supuesto se comparte en el organismo que preside Maite Costa, la CNE se enfrenta en las próximas semanas a un nuevo dilema.

El Ministerio de Industria, aunque no es preceptivo, ha solicitado ya al órgano regulador que analice e informe sobre los cinco recursos planteados ante el departamento contra la autorización condicionada de la OPA de E.ON que aprobó la CNE en julio. Así, los nueve consejeros de la Comisión (cuatro nombrados a instancias del PSOE, cuatro del PP y uno de consenso PSOE-nacionalistas catalanes) deberán decidir si mantienen la resolución aprobada en todos sus extremos, con las 19 condiciones, definidas "todas y cada una de ellas de carácter esencial", según el documento aprobado en julio.

Distinto contexto

Y todo ello en un contexto que ha variado sustancialmente tras la entrevista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la canciller alemana Angela Merkel. Y después de que el Gobierno haya comunicado a Bruselas que no descarta modificar las condiciones impuestas a E.ON para adquirir Endesa, entre las que destacan la obligación de vender un 32% de la potencia instalada en España y la imposibilidad de gestionar centrales nucleares.

La solución para que la CNE salga del caso sin magulladuras no parece fácil. Hasta tal punto que fuentes del consejo del órgano regulador explican que, como el informe que solicita Industria no es ni vinculante ni preceptivo, podría no ser elaborado nunca.

Oficialmente, la CNE no baraja esta hipótesis. Colaboradores de la presidenta del organismo manejan la idea de que el consejo de administración analizará los informes que pide Industria a partir de la próxima semana. Los departamentos jurídicos y de regulación de la Comisión ya están trabajando en las respuestas.

También trabajan en el caso los abogados del Estado. Lo hacen con la consigna de apurar al máximo la legislación comunitaria y mientras siguen los contactos con y entre las partes implicadas en las ofertas sobre Endesa.

La fecha clave es el próximo día 26 de septiembre, cuando está previsto que Bruselas responda a las explicaciones ofrecidas por el Gobierno sobre la actuación de la CNE en la OPA de E.ON. Legalmente, el Ministerio de Industria dispone hasta mediados del mes de noviembre para resolver el recurso planteado por E.ON. Pero desde el Gobierno se ha señalado que no se agotará el plazo.

Dos posibilidades

Llegados a este punto, las posibilidades son dos: esperar la respuesta de Bruselas y justificar la rebaja de las condiciones impuestas a E.ON en la preeminencia del derecho comunitario sobre el nacional o adelantar posiciones y rebajar sin más las exigencias al grupo alemán. Esta última posibilidad es la que más inquieta en la CNE ya que el único argumento jurídicamente válido para el Gobierno sería asumir que la Comisión no actuó conforme a la ley.

Al respecto, un consejero de la CNE recuerda "cómo toda la actuación de la Comisión en la OPA de E.ON sobre Endesa se deriva de un Real Decreto Ley (el 4/2006, denominado decreto anti-E.ON), que amplió las funciones de la Comisión Nacional de la Energía, que la obligó a intervenir y a pronunciarse sobre asuntos como los activos estratégicos". Desde este punto de vista, subraya el consejero, "la CNE se ha limitado a cumplir con la legislación".