Una juez achaca a "implicaciones políticas" el retraso de procesos contra el alcalde de La Línea

La juez de Instrucción número 2 de la Línea de la Concepción (Cádiz), Natalia Martínez, Herreros achaca a "implicaciones políticas" la dilación que acumulan algunos procesos judiciales contra el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Carlos Juárez, del PP. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumió la versión de esta magistrada al tramitar la queja de uno de los ciudadanos denunciantes, aunque ayer rectificó al considerar "desafortunadas" estas explicaciones. El denunciante se mostró "indignado" con esta respuesta, que tildó de "vergonzosa".

Sobre Juan Carlos Juárez pesan varios procesos judiciales. El más conocido es el llamado "caso de los contratos", que fue incoado a raíz de una querella interpuesta el 4 de junio de 2002 por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez quien acudió al juzgado como secretario general del Partido Socialista de la Justicia, del que fue cabeza de lista en las últimas elecciones municipales, para denunciar al alcalde por un presunto delito de prevaricación y otro de nombramiento ilegal.

El polémico abogado, actualmente en prisión, denunció la posible contratación irregular de más de un centenar de empleados municipales durante la campaña electoral que alzó a Juárez a la alcaldía linense.

Otro de los casos pendientes se refiere al presunto cobro de 600 multas de tráfico cuyo importe -alrededor de 600.000 euros- no fue ingresado supuestamente en las arcas municipales. Este caso se encuentra en la misma situación que el anterior desde que se iniciase su instrucción a finales de 2002, por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Línea.

El ex policía local de La Línea José Carrión elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando información sobre el retraso de estos procesos. En su respuesta, la Unidad de Atención al Ciudadano del Poder Judicial afirma: "La dilación que viene sufriendo la presente causa viene indefectiblemente motivada primero, por los numerosos y constantes recursos interpuestos por la representación procesal de los imputados y, segundo, por las implicaciones políticas que conlleva".

Fuentes del CGPJ consideraron ayer "desafortunadas" estas explicaciones que ofrece la Unidad de Atención al Ciudadano. Con todo, en su descargo detallaron que la letrada que respondió a la queja ciudadana "reprodujo literalmente" la versión solicitada por el Poder Judicial a la jueza del caso.

Las mismas fuentes informaron que el Servicio de Inspección decidirá en los próximos días si indaga más información a esta magistrada y si le pide que precise "a qué se refiere" al referiste a " implicaciones políticas", como causa del retraso en la finalización del proceso.

Algunos vocales han expresado su malestar porque este servicio del Poder Judicial no indagase sobre las explicaciones ofrecidas por la jueza, que consideran "inasumibles" por el Consejo. Responsables de la Unidad de Atención al Ciudadano lamentaron ayer esta respuesta judicial, aunque en su descargo, detallaron que la letrada que tramita estas quejas recibe más de 8.000 escritos ciudadanos cada año, con lo que no tiene ni tiempo ni recursos para profundizar en algunas de las respuestas que se ofrecen a los ciudadanos que se quejan sobre sus procesos judiciales.

Estas explicaciones no satisficieron a José Carrión. "Ya sabemos que la justicia es lenta, pero cómo se explica que hablen de implicaciones políticas. ¿Qué significa eso? ¿Qué la justicia no anda porque son políticos o que los políticos piden a la justicia que dilate la causa? ", preguntó Carrión, quien lamentó la actuación judicial. "Estoy indignadísimo (...) Es una vergüenza que ocurran estas cosas en La Línea (...) No entiendo cómo pueden permitir que se cometan las barbaridades que están haciendo en este municipio", dijo ayer Carrión.