Correa de transmisión

Como continuación de la interpelación planteada la semana pasada, el PP presentó ayer ante el pleno del Congreso una moción sobre el 11-M en la que interroga al Gobierno sobre distintos aspectos de la investigación; sobre aquellos, precisamente, que han venido siendo utilizados por un periódico como reclamo para su teoría de la conspiración. Lo que convierte al asunto en un serio problema político no son los delirios de un medio de comunicación, sino que un partido que representa a cerca de 10 millones de votantes se preste a ser utilizado como correa de transmisión.

Toda interpelación, dice el reglamento del Congreso, "podrá dar lugar a una moción en que la Cámara manifieste su posición". De manera que se trata de hacer que el Parlamento en pleno se pronuncie sobre una hipótesis periodística, no avalada por prueba alguna (como sus propios guionistas admiten) y cuyo mero enunciado supone un claro intento de deslegitimación de instituciones y poderes democráticos. La hipótesis de la conspiración une a actores tan diferentes como la policía, ETA y servicios secretos extranjeros detrás del objetivo compartido de provocar la derrota electoral del PP en beneficio del PSOE.

Esto último resulta tan excesivo que Mariano Rajoy ha advertido estos días de que no admitiría en su partido a cualquiera que acusase al PSOE de estar en esa trama. Sin embargo, los autores del libreto seguido por el PP en su moción no dejan de insinuarlo de la manera más retorcida: admiten que no hay pruebas, pero afirman a continuación que la negativa del Gobierno a investigar sobre el "autor intelectual" de los atentados avala la sospecha.

Desde esta lógica precisa planteó el PP su moción, exigiendo explicaciones al Gobierno y pronunciamiento al Parlamento sobre la mochila, la furgoneta Kangoo, el tipo de explosivos utilizados y otras exclusivas de El Mundo, aprovechando algunas lagunas que existen en todo sumario para rellenarlas con conjeturas atendiendo al guión previo. Con la hipocresía adicional de decir que no se acusa de nada: sólo se exige que se investigue. En los últimos días las insinuaciones han pasado a mayores, con acusaciones como que el Gobierno actual ha ocultado o hecho desaparecer informes policiales que apoyarían la hipótesis de la implicación de ETA. Es una acusación muy grave que, si no se prueba, debería tener consecuencias políticas para quienes la han lanzado.

Las interpretaciones fantasiosas sobre asuntos dramáticos siempre encuentran audiencia. Que haya medios de comunicación que aprovechen la credulidad de muchas personas para intrigar sobre los verdaderos autores del 11-M, a despecho de las evidencias materiales y de la semejanza con otros atentados islamistas de masas, resulta penoso; pero no tanto como ver al PP exigiendo explicaciones al Gobierno de España sobre esas fantásticas insinuaciones. La respuesta de todos los partidos ayer en el Congreso, al plantar en redondo al PP y negarse a debatir con su portavoz, no hace sino institucionalizar un creciente malestar que el primer partido de la oposición haría bien en pararse a sopesar.