Sumarios paralelos

La interpelación urgente presentada la semana pasada por el portavoz parlamentario del PP para exigir el "esclarecimiento de la verdad" del 11-M prosiguió la estrategia puesta en marcha por el principal partido de la oposición desde que perdió el poder hace dos años y medio: encenagar las aguas, negar las evidencias y restar legitimidad a la investigación judicial de la Audiencia Nacional; a juicio de Eduardo Zaplana, seguirían existiendo "muchas más sombras que luces" en torno al sangriento atentado. Dictado ya el auto de procesamiento, los hechos acreditados por la instrucción sumarial se corresponden a grandes líneas, sin embargo, con las pautas seguidas por el terrorismo islamista en las matanzas de Nueva York, Casablanca, Londres y Bombay. Los intentos políticos y periodísticos de condicionar desde fuera las diligencias a fin de buscar otra autoría han sido infructuosos: también las presiones para arrebatar la instrucción del sumario al juez Juan del Olmo -poco sumiso a las órdenes dictadas por los medios de comunicación- fracasaron definitivamente la semana pasada cuando el Consejo General del Poder Judicial se limitó a considerar como falta leve una equivocación inintencionada en un trámite menor. Los huecos, discontinuidades y confusiones -inevitables- del relato judicial resultante se deben en gran medida a las dificultades intrínsecas de una investigación compleja, agravadas tras el suicidio en Leganés del núcleo fundamental de los autores de la bárbara acción: las incógnitas aún por despejar no afectan ni al sentido ni a la trama básica de los acontecimientos.

La nueva moción del Grupo Popular sobre la materia debatida ayer en el Congreso retomó los supuestos puntos oscuros de las investigaciones sumariales (la furgoneta abandonada en Alcalá, la mochila trasladada a Vallecas, la dinamita utilizada, etc.) para invalidar la instrucción en su conjunto. A la hora de sembrar dudas, lanzar sospechas y sugerir insidias en torno al trabajo policial y judicial del 11-M, el PP ha contado con la inestimable ayuda de los periodistas de El Mundo y de la radio de los obispos, que se han dedicado desde hace dos años a construir un sumario paralelo de la señorita Pepys para fundamentar unas conclusiones prefijadas de antemano: un enloquecido cómic de imágenes abigarradas dibujado por un lápiz delirante.

El procedimiento de esos supuestos periodistas de investigación es presentar, como si fuesen hipótesis de trabajo verosímiles, una serie de conjeturas descabelladas para exigir a la policía y a los jueces que centren todos sus esfuerzos en investigarlas. Esa falseada narración atribuye a los terroristas islamistas una participación a lo sumo subalterna en la ejecución material del atentado, supuestamente organizado por un estado mayor conjunto formado por ETA, espías extranjeros y miembros de los cuerpos de seguridad y de inteligencia españoles a fin de hacer perder las elecciones al PP y elevar a Zapatero al poder; sabedor de su deuda con los terroristas, el presidente del Gobierno boicotearía conscientemente la investigación del 11-M. Esa extravagante tesis se acoge a las reglas de la probatio diabolica: quienes la formulan no están obligados a demostrar su veracidad y corresponde a quienes la rechazan probar su falsedad. En el montaje de esa tergiversación desempeñan un papel estelar los delincuentes comunes y confidentes policiales que ayudaron a los islamistas a preparar el crimen y que están imputados en el sumario: sus declaraciones -inverosímiles, cambiantes y autoexculpadoras- son aceptadas como la verdad del Evangelio.

Las motivaciones de los periodistas que tratan de sustituir en su tarea investigadora y enjuiciadora al Poder Judicial mezclan las apuestas políticas con las estrategias comerciales; su ensordecedor ruido mediático se mantendría, sin embargo, dentro de esa burbuja lunática si el PP no hiciese suya tal fabulación. Los dirigentes populares han roto los códigos de comportamiento democrático propios de un Estado de derecho al utilizar la sede del Parlamento para poner en cuestión no sólo la independencia del Poder Judicial sino también la lealtad institucional de los miembros de los cuerpos de seguridad que practicaron las detenciones de los sospechosos del 11-M en las semanas siguientes a la perpetración del crimen: mientras era ministro del Interior el hoy secretario general del PP, Ángel Acebes.