Movida

En el panorama empresarial valenciano el retorno de vacaciones ha dado lugar a rumores y sobresaltos. No es la primera vez que ocurre ni seguramente será la última. El movimiento estival de 2006 ha tenido como objetivo establecer una serie de posicionamientos con respecto a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana que tiene previsto celebrar elecciones en la primavera de 2007. Ni los analistas ni la opinión pública han conseguido entender qué ocurre ni por qué se produce en este determinado momento. ¿No tiene que haber elecciones? ¿No es lógico que estas disensiones se diriman a lo largo del proceso electoral? El intento prematuro de mover sillas enrarece el clima de normalidad en el que deberían desarrollarse los acontecimientos.

Quizás, el debate importante en este momento debería plantearse en torno a los 25 años de historia de Cierval. Hay que tener claro que cuestiones básicas como qué es la confederación autonómica, qué papel ha desempeñado a lo largo de su existencia y cuál es su horizonte a cinco o diez años vista, son aspectos que no han sido canalizados y no existe una idea clara acerca de las posibles respuestas.

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana se creó en mayo de 1981 a impulsos del proceso de consolidación autonómica. La motivación era más administrativa que de concienciación de la necesidad de disponer de una plataforma autonómica de actuación. De hecho, durante los primeros cinco años de existencia, Cierval, presidida por Vicente Iborra, tuvo apenas una presencia virtual de representación e interlocución con la Generalitat Valenciana.

Desde el primer momento no se sistematizó ni se dejó suficientemente claro el peso específico ni el papel de representación institucional que iba a desempeñar cada demarcación provincial, como partes de un todo. Ese debate territorial ha sido una cuestión pendiente a lo largo del cuarto de siglo de vida que tiene Cierval. En los inicios, su forma de actuar estuvo basada en la marcada personalidad de dos empresarios valencianos que no admitían cuestionamiento ninguno: Vicente Iborra y José María Simó Nogués. Ese personalismo incuestionable de estos líderes empresariales, que tenían muy claro tanto el papel de Cierval como el del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, hizo que se establecieran suficientemente las reglas de juego en el debate territorial y que ha ido postergándose hasta la actualidad.

A partir de 1985, con la dimisión de Vicente Iborra y el acceso de Pedro Agramunt a la presidencia de Cierval, asistido por su secretario Luis Espinosa, la confederación autonómica inició una nueva etapa que coincidió en el tiempo con la presidencia en la Generalitat Valenciana del socialista Joan Lerma Blasco. Acertada o equivocadamente, Cierval comenzó a actuar a modo de contrapoder que lideró la llamada Cumbre de Orihuela (1989), que fue planteada desde algunos círculos como un pulso entre la administración autonómica socialista y la cúpula patronal de la Comunidad Valenciana. Para otros representantes empresariales, y fundamentalmente desde las Cámaras de Comercio, se planteó como una reivindicación positiva para dar a conocer la situación real de los recursos económicos autonómicos y plantear la forma de incrementar los factores de competitividad y productividad para posicionar la Comunidad Valenciana en el contexto español e internacional.

Después han venido otros presidentes y otros acontecimientos que han marcado la trayectoria de Cierval. En la vida de las instituciones es muy importante el respeto a los principios, a las formas y a los procedimientos. En el panorama empresarial valenciano ha sido usual la actuación de camarillas, las zancadillas, las presiones extemporáneas y la falta del suficiente equilibrio entre poder político y empresarial. A lo largo de su historia reciente se han visto operaciones para desbancar a presidentes de Cámaras, confederaciones y federaciones. En el contexto de estas pugnas han hecho aparición las pulsiones políticas y las desacreditaciones que, a menudo, se ha comprobado que eran infundadas y gratuitas. Todo vale para conseguir el fin que se pretende.

Las entidades económicas y empresariales valencianas, aunque tan sólo fuera a efectos de imagen, deben apartar de su trayectoria la sensación de que se desenvuelven desde operaciones opacas y de camarillas. Sus estatutos dicen que su fin es representar los intereses generales y comunes del empresariado. Los empresarios son los que merecen el máximo respeto y la mayor consideración, a la hora de velar por sus intereses y de hacerlo con la máxima transparencia. Cualquier sombra de duda acerca de la claridad y de la independencia de estas organizaciones empaña su imagen y debe ser alejada de su entorno.

Este es quizá el momento adecuado de plantearse la actualización de estas organizaciones y la adaptación a las nuevas circunstancias. Una refundación al fin.