El Gobierno catalán amenaza con apelar al Constitucional

El Gobierno catalán cree que el Ejecutivo central todavía no ha "interiorizado" que Cataluña dispone de un nuevo Estatuto desde el pasado mes de agosto y que continúa elaborando proyectos de ley y aprobando disposiciones en contra del redactado de la carta autonómica. El consejero de Relaciones Institucionales, el ecosocialista Joan Saura, ha amenazado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con acudir al Tribunal Constitucional si la Administración central sigue "ignorando" las competencias que ahora son exclusivas de la Generalitat.

No todo el estamento gubernamental mantiene la misma actitud. Mientras para Saura la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, "respeta" el nuevo marco legal, otros, como Jordi Sevilla, de Administraciones Públicas, es mucho más beligerante. "Es el principal ministro que impulsa proyectos de ley que pisan el Estatuto, como el Libro Blanco de la Administración Local", señaló el consejero. Otros ejemplos corresponden a la Ley de Vivienda o la Ley de Dependencia. Saura no dudó en expresar su "preocupación" por cómo el Ejecutivo socialista contempla el despliegue estatutario. También Joan Herrera, portavoz del grupo parlamentario Izquierda Verde, avisó de que "si el Estado sigue haciéndose el sueco a la hora de cumplir el Estatuto, tendremos que poner toda la carne en el asador".

Presupuestos y comisiones

Una expresión que va en la línea de lo manifestado por Saura, es decir, apelar al Tribunal Constitucional. "Y nos dará la razón", proclamó Herrera. El democristiano Josep Antoni Duran Lleida, portavoz del grupo de Convergència en el Congreso, aventuró "un rebrote aún más virulento" de las reivindicaciones catalanas si se incumple lo dispuesto en el Estatuto.

La primera prueba de fuego del despliegue estatutario llegará con los Presupuestos Generales del Estado para 2007, que deben recoger una inversión en infraestructuras en Cataluña del 18,8%, equivalente al peso del PIB de esta comunidad respecto al general español. Ni siquiera el Gobierno catalán, por no decir el resto de formaciones políticas, aceptan los 400 millones de euros de incremento que ha ofrecido el ministro de Economía, Pedro Solbes. Los socialistas catalanes se niegan a cuantificar el aumento, mientras que CiU lo sitúa en 900, y Esquerra en 700 millones.

El segundo paso será la constitución de dos comisiones, la bilateral Estado-Generalitat y la de Infraestructuras, que debe determinar qué inversiones recogerá el presupuesto para el próximo ejercicio. Si bien desde el PSC se resisten a crear ambas comisiones antes del 1 de noviembre, fecha de las elecciones autonómicas, -"Sería enredar y contraproducente crear esta comisión en periodo preelectoral", afirmó el portavoz socialista, Miquel Iceta-, desde Iniciativa, el otro socio del bipartito catalán, exhortan a cumplir el compromiso alcanzado en julio entre José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall y empezar el despliegue estatutario este mes.