El tripartito se opone a reformar la Comisión Arbitral como pide el PP

El Gobierno vasco se ha manifestado contrario a la toma en consideración por el Parlamento de la reforma de la Comisión Arbitral planteada por el PP para solucionar las carencias en el funcionamiento de este organismo puestas de manifiesto durante la tramitación de la Ley de Suelo. El PNV reconoció entonces que su ley reguladora tiene "lagunas", pero el Ejecutivo tripartito anunció ayer su rechazo a subsanarlas, invocando distintas razones.

El PP presentó en julio en la Cámara vasca una proposición de ley para modificar la actual redacción de la norma que regula la Comisión Arbitral, el organismo encargado de resolver extrajudicialmente y con carácter previo los conflictos de competencias suscitados entre las instituciones comunes (Gobierno y Parlamento) y las de los territorios históricos (Juntas Generales y diputaciones). La Diputación de Álava, gobernada por los populares, impugnó ante la Comisión Arbitral el proyecto de Ley de Suelo por considerar que invadía en dos aspectos competencias forales.

Esas cuestiones no figuraban en el proyecto original aprobado por el Gobierno vasco, sino que se introdujeron a través de enmiendas durante su tramitación parlamentaria. Como esta circunstancia no está prevista en norma de 1994 por la que se regula la Comisión Arbitral, este órgano no admitió a trámite la cuestión de competencia planteada por la Diputación alavesa, al entender que se había pasado el plazo previsto para recurrir (20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento).

El PP argumentó que esta indefinición abre el camino a que los partidos que controlan el Gobierno puedan recortar en el trámite parlamentario competencias forales. Por ello, en su propuesta de reforma de la ley de la Comisión Arbitral, propugna la reapertura de los plazos fijados si se producen modificaciones de los proyectos originales a su paso por la Cámara vasca o las Juntas Generales, así como que la suspensión de la tramitación sea "automática" en caso de recurso.

En un debate posterior, el portavoz del PNV, José Antonio Rubalkaba, reconoció que la norma tiene "lagunas", pero esta apreciación no se ha traducido en una postura favorable del tripartito a su reforma. El Gobierno vasco basa su rechazo en que los cambios propuestos alteran la naturaleza previa de la intervención de la Comisión Arbitral y llevarían a lesionar "la autonomía" del Parlamento. Estima asimismo que provocaría "graves problemas de seguridad jurídica".

El Ejecutivo se ha pronunciado también en contra de la propuesta socialista de crear por ley el Instituto Vasco de Consumo. Alega que se ha comprometido a elaborar en esta legislatura un Plan Estratégico de Consumo que establezca las líneas maestras de su política en esta materia. La portavoz, Miren Azkarate, indicó que no tiene sentido crear ese organismo antes de contar con un diagnóstico sobre las necesidades existentes.