Una sentencia que vale 1.200 millones de euros

Un mínimo de 1.200 millones de euros están en juego en Chamartín. Una futura sentencia de la Audiencia Nacional -que se conocerá dentro de siete meses- decidirá quién es el propietario de casi dos millones de metros cuadrados en este distrito. Mientras tanto, las dos partes en juego, la empresa Duch y 1.200 particulares descendientes de los cientos de personas que fueron expropiadas hace 60 años para construir la actual estación de Chamartín, se tantean. Al tiempo, nuevos actores (bancos, intermediarios, constructoras, promotores) buscan parte de este negocio. Se aproximan a los reversionistas e intentan comprarles sus supuestos derechos.

La historia comienza en los años cuarenta y cincuenta, cuando los propietarios de unos terrenos a las afueras de Madrid (en lo que era el pueblo de Chamartín) son expropiados para la construcción de una estación. La ley dice que, si en algún momento se cambiase el uso de los terrenos, éstos volverían a sus propietarios o descendientes.

A finales de los ochenta se decide reformar la zona. Donde se trazaron las vías de la estación se levantarán miles de oficinas y pisos. Con las plusvalías se reformará la estación, de la que saldrán los nuevos AVE. Tres millones de metros cuadrados en uno de los distritos más caros de la ciudad. Y ahí surge el conflicto judicial. Los descendientes de los expropiados reclaman sus derechos: a ellos les corresponden 1,9 millones de metros cuadrados de suelo, dicen.

Pero el 29 de julio de 1994 el Gobierno, entonces socialista, adjudica a la empresa Duch el desarrollo de este suelo. Duch queda obligada a atender los derechos de los reversionistas y a pagarles lo que legalmente les corresponde.

Ya con el PP en el poder, el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, promueve una modificación de la ley. Se promulga la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/99), que en su disposición adicional 5ª deroga los derechos de los reversionistas 10 años después de haberse llevado a cabo la expropiación. Comienza así la batalla judicial. Los reversionistas acuden a los tribunales: alegan que la ley no puede ser retroactiva.

Los reversionistas (agrupados en su gran mayoría en torno a la organización Asociación No Abuso) ya están escuchando las primeras ofertas. Todo depende de una sentencia.